El rostro de una trabajadora de los cuidados en España es el de una mujer mayor de 45 años, extranjera, con un salario bajo y condiciones laborales precarias, un perfil que se parece mucho, según el Ministerio de Derechos Sociales, al "retrato robot de la pobreza". Así lo refleja el estudio presentado por el ministro Pablo Bustinduy, en el marco de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que el Gobierno ha enviado esta semana al Parlamento para su tramitación.

La investigación revela que más del 85 % de las profesionales del sector son mujeres, de las cuales la mitad supera los 45 años, y que una de cada cuatro trabajadoras en residencias es migrante, cifra que se dispara hasta el 70 % en el caso de las empleadas del hogar extranjeras. En palabras de Bustinduy, este perfil refleja un sistema de cuidados esencial para la sociedad pero precarizado, feminizado y con una elevada incidencia de pobreza laboral.

Los sindicatos CCOO y UGT han valorado positivamente que la reforma ponga el foco en la mejora de la calidad del empleo como garantía de una atención de calidad, aunque insisten en que el texto debe perfeccionarse en su paso por las Cortes para blindar el papel del servicio profesional frente a modelos informales o familiares.

Desde el sector empresarial, sin embargo, las reacciones son menos optimistas. El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, considera que la norma es una mera "declaración de intenciones sin respaldo real", a la que le faltan recursos económicos y humanos suficientes para hacerla efectiva. Además, alerta de que la aportación del Estado al sistema ha bajado del 29% al 27%, desplazando la carga financiera hacia las comunidades autónomas y generando, según denuncia, expectativas irreales entre la ciudadanía.

Uno de los datos más preocupantes del informe tiene que ver con las condiciones salariales y contractuales. El sector de los cuidados paga, de media, entre un 35 % y un 38 % menos que otros empleos, lo que supone hasta 10.000 euros anuales de diferencia.

La temporalidad también es alta, con uno de cada cuatro contratos en residencias sin estabilidad, y en la ayuda a domicilio solo el 60 % de los contratos son indefinidos, 13 puntos por debajo de la media nacional.

Estas condiciones no solo afectan al desarrollo profesional sino que tienen consecuencias directas sobre la salud física y emocional de las trabajadoras. El informe destaca que las tareas que desempeñan provocan dolencias musculares crónicas, más estrés, uso de medicación y mayor número de bajas que en el resto del mercado laboral.

En 2023, los accidentes con baja en residencias fueron un 75% superiores a la media nacional, y en los servicios sociales sin alojamiento el exceso alcanzó el 25 %. Además, los accidentes 'in itinere' duplican la tasa del resto del mercado, con 904 siniestros por cada 100.000 trabajadoras, frente a los 446 del conjunto.

La reforma propuesta por el Gobierno contempla diversas medidas para dignificar el empleo en este sector. Entre ellas, se establece la creación de indicadores de calidad del empleo con seguimiento periódico, la implantación de bancos de productos de apoyo como camas articuladas o sillas de ruedas para reducir riesgos físicos, y la obligatoriedad de contar con personal cualificado en todas las plantillas, además de ratios suficientes de personal de atención directa, diferenciándolos de otros servicios como cocina o limpieza.

Pero uno de los grandes desafíos que expone el informe es el futuro del sistema ante la evolución demográfica. España necesitará incorporar 261.000 nuevos profesionales antes de 2030, lo que representa un incremento del 53 % respecto a los 489.900 trabajadores actuales. El aumento previsto de la población dependiente -más de 400.000 personas adicionales en cinco años- y el crecimiento de la población mayor de 65 años -1,2 millones más que en 2023- hace urgente una planificación que garantice no solo la atención, sino la sostenibilidad del modelo.

El reto, por tanto, no es solo reconocer el valor de quienes cuidan, sino romper con la precariedad estructural que sostiene el sistema, dignificar sus condiciones laborales y asegurar que el envejecimiento de la sociedad no recaiga, una vez más, sobre las espaldas más frágiles.