La Comunidad de Madrid tiene previsto entregar, durante el próximo verano, la primera promoción del Plan Vive en Boadilla del Monte. Esta promoción consta de 524 viviendas de alquiler asequible, diseñadas para facilitar el acceso a un hogar a familias y jóvenes que deseen residir en este municipio de la región.

Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha inspeccionado las obras de esta nueva urbanización, ubicada en la calle Fray Bartolomé de las Casas. El proyecto ofrecerá 109 pisos de un dormitorio, 246 de dos dormitorios y 169 de tres dormitorios. Siguiendo la línea de los proyectos de colaboración público-privada, también se incluirán garaje, trastero, piscina y zonas comunes.

Rodrigo ha enfatizado que estas viviendas, cuya finalización está programada para 2026, forman parte de las más de 3.600 unidades que el Gobierno regional está construyendo actualmente. Asimismo, ha destacado que ya se han entregado 4.745 casas en ocho localidades, lo que ha contribuido a aumentar la oferta de alquiler asequible en la región.

Durante la visita, el consejero ha podido observar el progreso de los trabajos y las ventajas que ofrece la construcción industrializada en el proceso de edificación. Según sus declaraciones, este modelo permite reducir los tiempos de construcción hasta en un 30%, gracias a la fabricación en cadena de elementos como fachadas o terrazas, que se instalan directamente en la obra.

En los próximos meses, se abrirá el plazo de inscripción para que los interesados en residir en estas viviendas puedan presentar su solicitud. Toda la información relacionada con esta iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid está disponible en https://www.comunidad.madrid/plan-vive.

Los requisitos principales para optar a estas viviendas son que se destinen a vivienda habitual y que el beneficiario no posea ninguna otra propiedad. Se dará prioridad a los empadronados en la localidad o a aquellos que trabajen allí desde hace al menos tres años. Además, es importante tener en cuenta el límite de gasto, que establece que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago del alquiler.