El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un nuevo contrato de 39,1 millones de euros para garantizar la conservación y el mantenimiento del mobiliario urbano de la capital durante los próximos cuatro años. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a una inversión que incrementa un 20% el presupuesto respecto al contrato actual y que apuesta por un modelo basado en la prevención, la tecnología y una mayor seguridad para los ciudadanos. El nuevo servicio, impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, entrará en vigor el próximo 27 de noviembre y permanecerá activo hasta noviembre de 2030, con posibilidad de prorrogarse un año más.

La nueva adjudicación eleva la inversión anual destinada a este servicio desde los 8,1 millones de euros actuales hasta cerca de 9,8 millones, con el objetivo de mejorar la conservación de miles de elementos repartidos por calles, parques y zonas verdes de Madrid. El contrato incluye el mantenimiento de bancos, mesas, bolardos, vallas de protección peatonal, barandillas, pasamanos, pérgolas y otros elementos urbanos de titularidad municipal. Para optimizar los recursos, el servicio se reorganiza en tres grandes lotes territoriales __EMDASH__centro, este y oeste__EMDASH__, frente a los seis existentes hasta ahora.

Una de las principales novedades del contrato es el cambio de estrategia en el mantenimiento. Hasta ahora, gran parte de las actuaciones se realizaban cuando aparecía una incidencia. Con el nuevo modelo, el Ayuntamiento obligará a las empresas adjudicatarias a desarrollar un mantenimiento preventivo, con inspecciones periódicas y objetivos mínimos anuales sobre el número de elementos que deberán revisarse y conservar.

El pliego establece actuaciones obligatorias sobre bancos, bolardos, vallados, pérgolas, mesas y otros elementos, cuyo incumplimiento podrá conllevar penalizaciones económicas. Además, las empresas deberán realizar inspecciones mensuales de todo el mobiliario de su zona y revisiones extraordinarias cuando así lo soliciten los servicios municipales.

La tecnología será otro de los pilares del nuevo contrato. Las empresas adjudicatarias estarán obligadas a mantener un inventario digital georreferenciado, con la ubicación exacta y el estado de cada elemento del mobiliario urbano. Todas las actuaciones deberán registrarse en la plataforma municipal en un plazo máximo de 48 horas, permitiendo conocer en tiempo real qué trabajos se han realizado y el estado de conservación de cada instalación. Asimismo, en el primer mes tras la firma del contrato deberán elaborar un estudio detallado de todas las zonas de actuación y de la frecuencia con la que deberán inspeccionarse.

El nuevo pliego también endurece las obligaciones cuando exista peligro para los ciudadanos. Si durante una inspección se detecta un banco, una valla o cualquier otro elemento que pueda suponer un riesgo, la empresa deberá actuar de forma inmediata, señalizar la zona, precintar el elemento y retirarlo preventivamente si fuera necesario, sin esperar instrucciones del Ayuntamiento. Además, continuará operativo un teléfono de urgencias disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, con equipos preparados para intervenir ante cualquier incidencia.

El contrato también incrementa los recursos humanos destinados al servicio, así la plantilla mínima pasará de 78 a 100 trabajadores, un aumento cercano al 28 %, incorporando perfiles especializados en inspección, gestión informática, inventarios y seguimiento técnico. Las empresas deberán disponer además de una nave-almacén exclusiva de al menos 1.000 metros cuadrados por lote, además de oficinas específicas para la gestión del contrato. En materia ambiental, el Ayuntamiento exige una flota formada por vehículos con distintivo CERO y ECO __EMDASH__o etiqueta C únicamente en determinados camiones y furgones__EMDASH__, el uso de materiales certificados y criterios de sostenibilidad alineados con la estrategia Madrid 360.

El nuevo contrato incorpora también mayores exigencias para mejorar la accesibilidad universal. Las empresas estarán obligadas a sustituir aquellos elementos que no cumplan la normativa vigente e instalar modelos adaptados cuando sea necesario, con el objetivo de que el mobiliario urbano resulte más accesible, seguro y cómodo para todas las personas.