El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García y esclarecer si éstos pudieron utilizar los mismos para blanquear un dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

El juez ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno -que investiga la parte del caso Koldo que no afecta a aforados- el informe de la UCO en el que apuntó la existencia de discordancias entre los ingresos de Ábalos y las cantidades declaradas por el PSOE, así como la información remitida por ese partido para tratar de esclarecer esos interrogantes, según informa EFE.

A juicio del magistrado, que esta semana ha escuchado las explicaciones del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y de una empleada que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo, hay asuntos que no han quedado "despejados" sobre estos pagos y tampoco hay explicación "suficiente" del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

"Es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas".

El juez apunta que el PSOE no comprobaba que los gastos de Ábalos y de Koldo que se compensaban posteriormente no procedieran de dinero obtenido de forma ilícita, con lo que, al compensarlos, se estaría "blanqueando su procedencia".

"Nada esclarece" al respecto, destaca, la documentación aportada por el PSOE, ya que de haber existido pagos en metálico "distintos de los efectivamente contabilizados, tampoco podrían estarlo los ingresos con los que aquéllos se nutrían".

Entre esos pagos sin contabilizar, Puente menciona los indicios de que Koldo pudo haber recibido pagos procedentes del partido superiores a los efectivamente contabilizados, así como las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama en las que señaló haber hecho pagos al partido y las de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede el PSOE en Ferraz.

El citado informe de la UCO reflejaba además, dice el auto, ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de Ábalos o de Koldo García, "que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa".

Sobre su decisión de que sea la Audiencia Nacional quien investigue la procedencia de ese dinero, Puente señala que la "actividad del partido político, sea finalmente una u otra la calificación jurídica que merezca, no se halla inescindiblemente vinculada" a la causa abierta en el Supremo y que permanece en el alto tribunal "únicamente por la condición de aforado" de Ábalos.

Dado que Ábalos y Koldo García no ofrecieron en sus últimas comparecencias en el Supremo explicaciones acerca del dinero que manejaban, al optar por no declarar, el juez llamó esta semana como testigos al exgerente y a la empleada en Ferraz Celia Rodríguez, relata el auto.

Ambos dijeron desconocer "las razones que podrían justificar la existencia" de esos otros pagos en metálico mencionados por Ábalos y Koldo, a no ser que se tratara de la liquidación de gastos en los que hubiera podido incurrir "el equipo de organización", con respecto a los cuales "es posible que don Koldo García Izaguirre haya tenido alguna intervención en la gestión de los mismos".

De ser así, indica Puente, resultaría que todas esas liquidaciones de gastos de "la secretaría de organización", habrían sido reclamados por Koldo, "-quien no consta desempeñara cargo alguno en la referida Secretaría de Organización-, y le habrían sido abonados, en metálico a él directamente, a su mujer Patricia o a un mensajero que acudía a recoger el sobre a las oficinas del partido".

Sin embargo, según aseguró Moreno Pavón, no existe "constancia" de que esas cantidades fueran distribuidas posteriormente por Koldo "en favor de las personas (indeterminadas) del equipo de la secretaría de organización".

Para el juez, otra de las incógnitas es la imposibilidad de determinar la persona encargada y el procedimiento de comprobación de las facturas, ya que lo que el exgerente declaró al respecto fue que solo con la firma del secretario de organización, entonces Ábalos, se justificaba la devolución.

Tampoco se comprobaba, según su relato, si la persona que reclamaba la devolución "era, efectivamente, quien, conforme a los tickets o facturas aportadas, los había realizado" y si se habían realizado por aquel en metálico o por intermediación bancaria.

De esta manera, observa Puente, no se podía determinar si se trataba de fondos procedentes de una actividad ilícita o delictiva y si al compensarlos se blanqueaba "su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros".

Para el juez tampoco ha quedado "suficientemente explicado" el origen de las cantidades en metálico y quiénes fueron los otros posibles beneficiarios, dado que los testigos "explicaron que esta forma de pago no era entonces infrecuente", y tampoco las razones que aconsejaban hacer esas compensaciones económicas en efectivo.

Y es que el magistrado no termina de comprender que resultara necesario contratar una empresa de seguridad para trasladar a la caja del partido importantes cantidades "en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales" y realizar esas compensaciones de gasto por medio de trasferencias, según explica EFE.