Seis mujeres víctimas de la violencia de género, y cuatro empleadas de una casa de acogida en la Comunidad de Madrid testificaron este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arganda del Rey, en relación con una denuncia por "maltrato institucional".

La Fiscalía de Alcalá de Henares presentó la denuncia en junio ante los Juzgados de Arganda del Rey, alegando deficiencias de funcionamiento, malos tratos y vejaciones en el refugio número 4, gestionado por Trama, una entidad privada sin fines de lucro dependiente de la Consejería madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Tanto las mujeres como las trabajadoras manifestaron su "decepción" tras su comparecencia ante el juez, sintiendo que se les negó "la oportunidad de expresar sus vivencias" en el recurso.

Control excesivo y normas absurdas

Una empleada negó cualquier intención de "conspirar" contra la directora del centro, sino más bien denunciar ante la Fiscalía y el Juzgado el "maltrato institucional" para prevenir futuras ocurrencias. Según su testimonio, el refugio "replica conductas de control" y aplica "normas absurdas ajenas al recurso", como supervisión "excesiva" de horarios, control de vestimenta y alimentación, intromisión en la lactancia y prohibición de visitar médicos o llevar a los hijos al médico.

"A una usuaria se le impidió ver a su psiquiatra, y a otra, a su dentista, negando su derecho a elegir libremente a los profesionales", señaló la empleada, considerando la gestión del centro "anormal e irracional".

Una víctima relató la prohibición de llevar a su hijo al hospital, a pesar de sus dientes rotos por un accidente, y cómo el niño desarrolló neumonía debido a las condiciones de vida. Otra denunciante describió haber sufrido "hostigamiento", "presiones" y "violencia psicológica" por parte del personal del refugio, en relación con sus decisiones sobre formación o su hijo. Esta víctima recordó reproches por el uso excesivo de pañales de su hijo, debido a infecciones virales y bacterianas. 

Otra mujer afirmó que el personal del centro "manipulaba y presionaba" a los niños, indagando sobre las actividades y gastos de sus madres. "Eran controladoras, cuestionaban nuestro rol maternal y replicaban el maltrato anterior, en lugar de ofrecer libertad, confianza y apoyo", afirmó. Asimismo, una de las afectadas lamentó la "prisa" del Juzgado y la imposibilidad de relatar plenamente su experiencia, como la privación de postre a su hija por no terminar la comida, así como expresó que sintió miedo de "tomar cualquier decisión porque todo les parecía mal".