Seis años después de las muertes de miles de personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, sus familias siguen esperando respuestas en los tribunales. Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia han denunciado las demoras en la investigación de los presuntos delitos de prevaricación y discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria, y advierten de que están dispuestas a llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no encuentran justicia en España.

Los familiares consideran que los retrasos judiciales están poniendo en riesgo el avance de las investigaciones y han alertado de que uno de los procedimientos ya ha sido archivado por prescripción. Su denuncia llega dos años después de que, en octubre de 2024, 109 familiares presentaran una macrodenuncia ante la Fiscalía de Madrid.

El abogado Carlos Castillo ha detallado la situación de las distintas causas judiciales y ha criticado lo que considera un "enorme atasco", además de "la desidia" y las "dilaciones inaceptables" de algunos juzgados.

Según los datos facilitados por Castillo, actualmente hay 39 causas abiertas en juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid y otras 18 pendientes de que la Audiencia Provincial resuelva recursos de apelación. A estas se suman 14 procedimientos que han llegado al Tribunal Constitucional después de recurrirse sus archivos, a los que se añadirá otro más. Además, hay diez procedimientos archivados por la Audiencia Provincial y otros tres que siguen abiertos, aunque no están bajo la dirección de este equipo de abogados.

En total, 118 denunciantes mantienen acciones legales relacionadas con las muertes en las residencias. De ellos, 109 participaron en la macrodenuncia presentada en 2024, mientras que el resto emprendió acciones judiciales por separado.

Castillo atribuye esta dispersión a la fragmentación inicial de las denuncias, que, según ha explicado, llevó a dividir los casos en múltiples procedimientos. A su juicio, esta situación ha generado una acumulación de asuntos y retrasos que dificultan el avance de las investigaciones.

El temor a que los delitos prescriban

Una de las principales preocupaciones de los familiares es que el paso del tiempo impida que los hechos puedan investigarse judicialmente. El abogado ha señalado que el 8 de octubre de 2026 la Audiencia Provincial confirmó el archivo por prescripción de uno de los procedimientos, pese a que, según ha afirmado, desde la presentación de la denuncia se había advertido a los juzgados del riesgo de que los hechos prescribieran.

El equipo jurídico también ha puesto varios ejemplos de las demoras que denuncia. Entre ellos, ha citado el caso del Juzgado de Instrucción número 1 de Arganda del Rey, que habría tardado más de quince meses en resolver un recurso de reforma. También ha señalado que el Juzgado número 5 de Navalcarnero todavía no había decidido sobre la apertura de diligencias previas en una querella presentada un año y medio antes. En Majadahonda, según el letrado, el Juzgado número 5 tardó dieciséis meses en dar trámite a los recursos presentados por el querellante y el Ministerio Fiscal. Para las asociaciones, estos retrasos no son una cuestión meramente administrativa, sino que pueden tener consecuencias directas sobre la posibilidad de esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades penales.

La abogada Alejandra Jacinto ha criticado el funcionamiento de la Justicia en este caso y considera que las demoras están provocando una "doble victimización" de los familiares: primero, por la pérdida de sus seres queridos y, después, por las dificultades para obtener una respuesta judicial. Jacinto también ha expresado su preocupación por lo que considera una falta de comprensión de las denuncias en algunos juzgados. Según ha explicado, las familias sostienen que los hechos deben analizarse desde cuatro vías relacionadas con los presuntos delitos de prevaricación y discriminación en el acceso a la sanidad.