La acampada instalada en la Puerta del Sol vuelve a enfrentar a la Comunidad de Madrid con la Delegación del Gobierno. El Ejecutivo autonómico ha enviado una nueva carta al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, para advertir de los posibles riesgos que la ocupación de la plaza podría generar en la seguridad de los viajeros y en la respuesta ante una emergencia.

La misiva, firmada este martes por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, incluye un informe de Metro de Madrid que alerta de que la presencia del campamento podría perjudicar el funcionamiento de la estación de Sol, uno de los puntos de transporte más concurridos de la capital. Según el documento, la ocupación de la plaza "podría afectar seriamente a las condiciones de seguridad y operatividad de la estación". La preocupación se centra especialmente en las dificultades que podrían surgir si fuera necesario realizar una evacuación urgente o una intervención de los servicios de emergencia.

En su escrito, Rodrigo recuerda que en la Puerta del Sol confluyen dos redes ferroviarias independientes: Metro de Madrid y Cercanías Renfe. Ambas están conectadas a través de vestíbulos y registran a diario el paso de miles de viajeros. Esta conexión convierte la zona en un punto especialmente sensible ante cualquier incidencia que pueda dificultar el tránsito de personas o el acceso de los equipos de emergencia.

Por este motivo, el consejero solicita a Francisco Martín que adopte las medidas que considere oportunas para garantizar la seguridad de la estación y de sus usuarios. Además, defiende expresamente que se proceda a levantar el campamento por motivos de seguridad. La Comunidad sustenta así su petición en las advertencias recogidas por Metro de Madrid, aunque los posibles efectos señalados en el informe se presentan como riesgos que podrían producirse, no como una emergencia ya confirmada.

Una nueva petición tras el rechazo del TSJM

La carta de Rodrigo se suma a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reclamar la intervención de la Delegación del Gobierno y el desalojo de la acampada. El primero en dirigirse formalmente a Francisco Martín fue el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Su requerimiento precedió a la presentación de un recurso contencioso-administrativo con el que la Comunidad pretendía que el Ejecutivo central actuara ante la situación.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó tanto las medidas cautelarísimas como las cautelares solicitadas por el Gobierno regional.

El tribunal consideró que no se había acreditado la inactividad de la Delegación del Gobierno y señaló que, en este tipo de procedimientos, debe esperarse un plazo de tres meses antes de interponer un recurso por inactividad administrativa. Esta decisión no supone, por sí misma, una resolución definitiva sobre todos los posibles riesgos de la acampada, sino que se refiere a las medidas judiciales solicitadas por la Comunidad y a los requisitos para recurrir la actuación administrativa.

La Comunidad también pide investigar posibles vínculos

A las reclamaciones relacionadas con la seguridad del transporte se suma otra petición del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. El pasado sábado, Novillo remitió una carta a Francisco Martín en la que le instaba a investigar la posible presencia en la acampada de personas vinculadas a organizaciones que, según el escrito, tendrían presuntos vínculos con otras calificadas como terroristas por distintos países y organismos internacionales.

Esta petición abre una segunda línea de preocupación planteada por el Ejecutivo autonómico, distinta de las advertencias sobre la estación de Sol. En este caso, se trata de solicitudes de investigación sobre presuntos vínculos, que no deben interpretarse como una confirmación de actividades delictivas por parte de los acampados.