Impedir la entrada de menores de edad a eventos donde se ejerza violencia contra animales, como corridas de toros, a través de la reforma de ampliación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi). Esa es la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, que ha enviado ya la iniciativa a todos los ministerios de cara a su aprobación en el Consejo de Ministros, según informa EFE.

El objetivo de esta medida del departamento que dirige Sira Rego es que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales. Con estas medidas, el ministerio quiere cumplir la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba "prohibir la asistencia de menores de 18 años", con el propósito de "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños".

Recientemente, Rego informó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre la incorporación de esta prohibición en la ley de infancia al ser preguntada la delegación española por varios miembros de este organismo sobre esta reclamación.

Según contempla la exposición de motivos, que recoge EFE, "las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad".

Respecto a los riesgos psicológicos, "la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a los menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional", añade el texto.

En varias ocasiones, Rego ha asegurado que la reforma "está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes", para su aprobación en el Consejo de Ministros.

Otros aspectos de la reforma

En la norma también se propone la ampliación en diez años de la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de modo que el plazo de prescripción que actualmente empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años no lo hará hasta que cumpla 45.

Con la ampliación de la ley de infancia se pretende reforzar la prevención de las violencias contra la infancia y el acompañamiento y la reparación de los menores que la sufren.

Entre los puntos más destacados de la ampliación se encuentran la obligatoriedad de escuchar a los menores en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (actualmente a partir de los 12 años).

La reforma recoge la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad.

También contempla el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal. Según Rego, esto supone que "toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada", según informa EFE.