La ruptura entre el Gobierno y las principales organizaciones empresariales es ya un hecho consumado. La reciente creación del Consejo Estatal de la Pyme (CEP), promovido por el Ministerio de Industria, ha escenificado la tensión latente que arrastra el diálogo social en España. La muestra es que tanto CEOE como Cepyme decidieron no asistir a la sesión inaugural del nuevo órgano consultivo, como forma de protesta ante la inclusión de patronales sin representatividad acreditada, especialmente Conpymes, cuya cercanía al Gobierno de coalición y al independentismo catalán ha generado recelos crecientes.

El gesto no es menor: por primera vez se sientan en un órgano institucional organizaciones que no forman parte del diálogo social oficial, lo que ha sido interpretado por las patronales tradicionales como un intento de forzar la presencia de interlocutores afines al Ejecutivo en los espacios donde se deciden cuestiones clave como el salario mínimo, la jornada laboral o las pensiones.

"Nosotros no vamos a sentarnos en ninguna mesa con organizaciones que las empresas no han elegido libremente como sus representantes", aseguró con rotundidad Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Cepyme en una entrevista en El Economista. Acusa al Gobierno de intentar desnaturalizar el modelo de representación empresarial reconocido por la ley y la Constitución. "Esto no es diálogo social, es una maniobra política para tener más voces alineadas con el Gobierno", subraya.

Conpymes, el caballo de Troya empresarial del Gobierno

La inclusión de Conpymes en los nuevos espacios de representación empresarial no es casual. Esta confederación fue presentada en sociedad en 2021 con el apoyo expreso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contando también con el 'amadrinamiento' de Begoña Gómez, y desde el primer momento fue etiquetada como una patronal de izquierdas, con fuerte base en Cataluña a través de PIMEC, organización abiertamente favorable al independentismo.

A diferencia de CEOE y Cepyme, que aglutinan a miles de asociaciones empresariales con implantación nacional, Conpymes no ha demostrado -al menos hasta el momento-, contar con representatividad suficiente para participar en las mesas de diálogo social. Aun así, el Gobierno ha decidido darle un asiento institucional, lo que ha encendido todas las alarmas.

Desde CEOE y Cepyme temen que esta maniobra sea el primer paso para legitimar nuevas patronales que, sin tener apoyo real entre el empresariado, sirvan de contrapeso ideológico a las voces más críticas con las políticas económicas del Ejecutivo.

Un escándalo judicial que agita aún más las aguas

La polémica se vio agravada en su momento con la investigación judicial abierta contra dos de las principales organizaciones integradas en Conpymes: UATAE y PIMEC. Ambas fueron investigadas por el Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid tras una denuncia de la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo por presunto fraude en subvenciones y falsedad documental.

La denuncia apuntaba a que estas organizaciones habría actuado de manera concertada para obtener una puntuación desproporcionadamente alta -un 273% por encima de lo debido-, en la convocatoria de ayudas públicas a asociaciones de autónomos. Esa manipulación les habría permitido recibir una subvención de 266.123 euros, con más de 133.000 obtenidos de forma indebida. La Fiscalía señala directamente a María José Landaburu (UATAE) y Josep Ginesta (PIMEC) como responsables de esta presunta irregularidad.

La ironía es evidente: la inclusión de Conpymes en los nuevos órganos consultivos promovidos por el Ejecutivo coincidiría con un proceso judicial contra dos de sus pilares. Esto ha generado una fuerte reacción en cadena en el mundo empresarial.

CES, el tentáculo de Conpymes en Salamanca

La onda expansiva del escándalo ha llegado al ámbito regional e incluso provincial, como ha sucedido en Salamanca. En la ciudad salmantina  se sitúa la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), aliada y fundadora de Conpymes.

La situación judicial de estos socios además de la creciente politización del diálogo social encendieron las alarmas en la CEOE-Cepyme salmantina y,  de hecho, fue esta una de las principales causas que llevaron a buena parte del empresariado local  a cuestionar abiertamente cualquier alianza con CES. Hoy es un proyecto congelado.

En definitiva, el presunto fraude dentro de Conpymes puso bajo la lupa la posible fusión entre las organizaciones empresariales sumándose a otras incertidumbres como la reconocida posición política independentista de varias organizaciones de Conpymes, el explícito apoyo de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz a esta organización, o el duro enfrentamiento que mantiene con las patronales Ceoe y Cepyme por hacerse con un hueco en el Dialogo Social. Todo eso ha pesado más que las posibles sinergias.

Una batalla por el control del empresariado español

Lo que parecía una disputa técnica por subvenciones o representatividad se ha convertido, en realidad, en una batalla ideológica por el modelo de interlocución entre empresarios y Gobierno. CEOE y Cepyme frente a  nuevas organizaciones que no emergen del tejido empresarial, sino que se ven impulsadas políticamente desde el Gobierno. Desde las patronales tradicionales se insiste: la representatividad no se otorga desde arriba, sino que nace de la base. "Las empresas deciden a quién pagan cuotas, a quién eligen como voz. No se puede alterar eso por razones partidistas", advierte Cepyme.

Pero el Gobierno, con Yolanda Díaz a la cabeza, parece decidido a cambiar el tablero. La inclusión de Conpymes en el Consejo Estatal de la Pyme, pese a su escasa implantación real, parece el primer paso hacia un nuevo modelo plural, aunque profundamente dividido.

Conclusión: ¿nuevo pluralismo o división artificial?

La fragmentación del diálogo social y la politización de la representación empresarial abren un escenario inédito. Con un Gobierno que promueve nuevos actores, un sector tradicional que no va a ceder espacio a cualquier precio y un escándalo judicial que afecta a organizaciones claves de la nueva patronal, la credibilidad está en entredicho. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes, no sólo para saber quién representa a las empresas en España, sino también para definir el modelo de concertación social en un país donde cada vez parece más difícil hablar de consenso.