El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han alcanzado este lunes un principio de acuerdo sobre la estructura del futuro modelo de financiación 'singular' para Cataluña. El pacto, cerrado en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, establece las bases de un nuevo esquema que otorgará a la administración catalana el control sobre la recaudación de todos los impuestos generados en su territorio, una novedad sin precedentes en el sistema autonómico español.

Según han explicado representantes de ambas partes, Cataluña recaudará en el futuro todos los tributos, incluida la totalidad del IRPF, y transferirá una parte de esos recursos al Estado para cubrir servicios que este presta en la comunidad. El resto se destinará a financiar las competencias autonómicas y a una contribución a la 'solidaridad' interterritorial, cuya cuantía aún no ha sido definida.

Aunque el modelo nace como un acuerdo bilateral, tanto el Gobierno como la Generalitat han coincidido en que puede ser "generalizable" a otras comunidades autónomas. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha calificado el pacto como una "arquitectura" que respeta las singularidades de Cataluña y ha agradecido la "sensibilidad" del Ejecutivo central. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido que la "singularidad" puede convivir con la "multilateralidad".

El documento firmado consta de cinco páginas y recoge cuatro principios fundamentales: respeto a las necesidades de Cataluña, aportación transparente a la solidaridad estatal, financiación adicional por competencias específicas y desaparición de las entregas a cuenta. Sin embargo, no se concretan cifras ni plazos para la implementación del nuevo sistema.

IMPUESTOS E IMPLICACIONES LEGISLATIVAS

Uno de los puntos clave del acuerdo es el futuro reparto de la cesta de impuestos. Actualmente, la Generalitat gestiona el 50% del IRPF recaudado en su territorio. Con el nuevo modelo, ese porcentaje aumentaría de forma progresiva hasta una gestión completa, aunque fuentes del Govern reconocen que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) aún no cuenta con los recursos necesarios para asumir esta responsabilidad en solitario en 2026.

El texto prevé una colaboración creciente entre la ATC y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con el objetivo de crear una "red de gestión tributaria" compartida. En ese sentido, se constituirá un grupo de trabajo conjunto para avanzar en esta coordinación, y se contempla que el próximo año los contribuyentes puedan presentar la declaración de la renta directamente ante la ATC, si así lo decide la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.

Uno de los conceptos más sensibles en este nuevo modelo es el principio de ordinalidad, que implica que Cataluña no debe perder posiciones relativas en el reparto de recursos tras su contribución solidaria al Estado. Este principio, defendido por la Generalitat y recogido en el acuerdo con ERC, no aparece expresamente respaldado por el Gobierno central en el documento final.

Desde la administración catalana se insiste en que la aportación solidaria debe calcularse de forma "transparente y con criterios objetivos" y que "su aplicación no puede desvirtuar la ordinalidad en el resultado final. Por su parte, el Gobierno central evita comprometerse explícitamente con ese principio, aunque afirma que el nuevo modelo será compatible con una reforma general del sistema de financiación autonómica.

PRÓXIMOS PASOS

El Gobierno español llevará este modelo al Consejo de Política Fiscal y Financiera "a la vuelta del verano", donde se debatirá con el resto de comunidades autónomas. Asimismo, se constituirán varias comisiones paritarias para abordar aspectos técnicos clave, como la solidaridad interterritorial, el reparto impositivo y la financiación de competencias exclusivas como las prisiones o los Mossos d’Esquadra.

Ambas administraciones han mostrado voluntad de cerrar los detalles del nuevo modelo antes de finalizar el año, aunque el calendario aún está por definir y los principales elementos técnicos permanecen en discusión.

Su carácter singular, pero con vocación de ser aplicable a otras autonomías, y su equilibrio entre bilateralidad y multilateralidad, plantean un nuevo escenario en las relaciones fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas. La clave ahora estará en concretar cifras, plazos y en encontrar un consenso político y territorial más amplio.