La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para permitir que los vehículos de transporte con conductor (VTC) adaptados a personas con movilidad reducida y que cuenten con la etiqueta ambiental C puedan circular por las zonas de bajas emisiones. Hasta ahora, esta posibilidad estaba restringida únicamente a los vehículos con distintivo ECO o Cero emisiones.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la apertura del proceso de consulta pública para modificar el actual Decreto que regula la actividad VTC, con el objetivo de recoger las aportaciones de ciudadanos y entidades interesadas. Esta iniciativa facilitará el cumplimiento de la normativa vigente desde el 1 de enero de 2025, que obliga a las flotas con más de diez vehículos a contar con, al menos, uno adaptado por cada diez.

Además de esta medida de accesibilidad, el nuevo decreto incluirá una regulación específica del precio del servicio en situaciones excepcionales de alta demanda. En casos como catástrofes naturales o apagones generalizados -como el reciente corte eléctrico que afectó a todo el país-, los precios no podrán superar el 75% del coste habitual del trayecto.

Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras para apoyar al sector del transporte. Entre otras medidas, se han impulsado ayudas económicas a taxistas y conductores de VTC para compensar la pérdida de ingresos provocada por los tiempos de espera derivados del traslado de personas con movilidad reducida.

Asimismo, la Administración regional continúa con su labor de control mediante inspecciones periódicas, con especial atención al estado de rampas de acceso y sistemas de anclaje interior en los vehículos adaptados. Los usuarios que detecten fallos o incumplimientos pueden comunicarlos directamente al correo electrónico: inspeccion.adaptado@madrid.org.

Con esta modificación normativa, la Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con la movilidad inclusiva y sostenible, ampliando las opciones de transporte accesible sin comprometer la calidad del aire ni la protección medioambiental