En el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se está desarrollando una situación de emergencia social que ha pasado de ser un problema puntual a convertirse en un fenómeno estructural. Cientos de personas sin hogar han encontrado refugio en sus instalaciones, pernoctando entre bancos, pasillos y zonas poco transitadas de las terminales. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos meses, está generando una creciente preocupación entre trabajadores, viajeros y autoridades.

Las condiciones en las que viven estas personas son extremadamente precarias. La mayoría duerme en el suelo o en bancos sin acceso a camas, con escasos recursos para su higiene personal y sin espacios seguros donde descansar. Algunos apenas cuentan con mantas o ropa de abrigo, a pesar de las bajas temperaturas que se registran en las madrugadas. La ausencia de duchas operativas o espacios diferenciados para mujeres y personas vulnerables agrava aún más esta situación.

Ante este escenario, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo. La petición responde a la necesidad urgente de que se protejan los derechos fundamentales de estas personas, ya que se considera que la situación podría estar rozando el trato degradante. La iniciativa busca promover una acción institucional coordinada entre los distintos niveles de la administración: local, autonómica y estatal.

El conflicto de competencias ha dificultado la respuesta. Mientras unas administraciones señalan al Estado como responsable por tratarse de una infraestructura nacional, otras argumentan que la atención social debe ser competencia del municipio. Mientras tanto, las personas afectadas permanecen atrapadas en una especie de limbo administrativo, sin acceso a recursos básicos y expuestas a una creciente invisibilidad.

Además, se han producido traslados internos dentro del aeropuerto, motivados en parte por quejas de compañías aéreas o la presión de la imagen pública. Estos movimientos no han hecho más que desplazar el problema sin ofrecer una solución estructural, generando incluso situaciones de hacinamiento en zonas menos visibles para los viajeros.

La presión sobre el Defensor del Pueblo para que medie y actúe va en aumento. La sociedad civil, así como trabajadores del propio aeropuerto, reclaman medidas que garanticen un trato digno a estas personas y soluciones que no se limiten a ocultarlas, sino que apunten a su inclusión y protección. La situación en Barajas, en definitiva, no es sólo un asunto de seguridad o logística aeroportuaria, sino un reflejo de una emergencia social que exige una respuesta política urgente. Desde algunas organizaciones como Cáritas, intentan llevar a cabo un censo, para conocer cuántas personas hay realmente viviendo allí y cuáles son sus condiciones y necesidades.