Un total de doce comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla han solicitado al Gobierno que reinicie desde cero la elaboración del real decreto que regulará la prevención de riesgos laborales de los bomberos forestales. Las administraciones consideran que el proceso no ha respetado lo establecido por la ley y advierten de que el texto, tal y como está redactado, podría generar importantes problemas en la gestión de las emergencias por incendios forestales.

La petición ha sido respaldada por Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las comunidades recuerdan que la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, establece que el reglamento debe elaborarse de forma conjunta entre el Gobierno y las administraciones competentes, alcanzando un acuerdo previo antes de su aprobación. Sin embargo, denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha limitado a convocarlas durante los trámites de información pública y en reuniones sobre borradores ya elaborados, sin una participación efectiva en la redacción de la norma.

El futuro real decreto tiene como objetivo fijar las condiciones mínimas de seguridad y salud laboral para los bomberos forestales durante las labores de extinción. No obstante, las comunidades consideran que el texto no refleja adecuadamente la experiencia técnica y operativa de quienes gestionan los incendios sobre el terreno, lo que podría traducirse en "disfunciones relevantes" durante las intervenciones.

Por este motivo, reclaman que el proceso cuente con la participación del responsable operativo de extinción de incendios del Ministerio y del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, organismos que consideran esenciales para incorporar el conocimiento práctico acumulado por los dispositivos de emergencia.

Entre las principales demandas planteadas al Ejecutivo figura reiniciar el procedimiento de elaboración del decreto, crear grupos de trabajo conjuntos entre el Gobierno y las comunidades autónomas, integrar la experiencia técnica y preventiva de los servicios de extinción y garantizar el cumplimiento de las previsiones recogidas en la ley.

Las administraciones firmantes defienden que una normativa de estas características debe surgir del consenso entre todas las partes implicadas, con el objetivo de reforzar tanto la seguridad de los bomberos forestales como la eficacia de los operativos que cada año hacen frente a los incendios en todo el territorio nacional.