Los Gobiernos central y madrileño han abierto un nuevo frente de confrontación, esta vez por el tipo de material defensivo que pueden utilizar los agentes de las policías locales. El Ministerio del Interior ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el decreto aprobado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que permite, en circunstancias excepcionales, el uso de armas largas.

El decreto, aprobado en julio, amplía el material defensivo que pueden emplear los policías locales más allá del equipamiento básico -arma corta, grilletes o bastón policial- cuando exista un riesgo 'racionalmente grave" para su integridad o la de terceros. En esos escenarios, se contemplan armas largas para unidades especializadas, dispositivos eléctricos de control, aerosoles defensivos y otros elementos capaces de proyectar sustancias irritantes o tóxicas.

Según publicó El País, Interior considera que la norma invade competencias estatales, ya que atribuye a las jefaturas de policías locales la capacidad de autorizar armas largas, algo que el Reglamento de Armas de 1993 restringe a armas cortas para estos cuerpos. El Ministerio también cuestiona que el decreto permita el uso de munición expansiva, prohibida por esa misma normativa estatal.

La respuesta del Gobierno madrileño no se ha hecho esperar. Carlos Novillo, consejero de Interior, ha calificado el recurso como "un nuevo ataque del Gobierno de Sánchez", acusándole de poner trabas a la protección de los madrileños y de las propias policías locales. Novillo recuerda que España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista y que "los grupos organizados ya utilizan armas de guerra".

El consejero también ha subrayado que el uso de armas largas por policías locales "es una realidad en otras comunidades autónomas" sin que Interior haya emprendido acciones legales similares.