"Se filtran muchas cosas en España", afirmó, ante la sorpresa del abogado acusador, una testigo al inicio del juicio que ha sentado por primera vez en el banquillo a un fiscal general del Estado precisamente por una filtración. Con el visto para sentencia, ya está en manos del Tribunal Supremo determinar si hay o no delito.

Siete magistrados del Supremo deben valorar si hay pruebas contra Álvaro García Ortiz en la supuesta filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y deben sentenciar si incurrió o no en revelación de secretos. Seis jornadas de juicio y cuarenta testigos han servido para que las partes afiancen sus posiciones enfrentadas: siete acusaciones, entre ellas González Amador, mantienen que García Ortiz debe ser condenado a entre 3 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para cargo público; la defensa y la Fiscalía creen que la única sentencia posible es la absolución.

A la espera de lo que decida el tribunal, estas son las claves (y preguntas) que ha dejado un proceso inédito:

La pregunta del millón: ¿quién filtró?

Vaya por delante que probablemente no se sepa jamás. Y por ese mismo motivo se ha llegado hasta el final, hasta el juicio, pero una vez terminado no hay nada más.

La vista oral ha finalizado sin prueba directa contra el fiscal general de que fuese el filtrador del correo. No hay un mensaje, una llamada, un papel, un burofax. No existe un soporte gráfico o escrito concluyente que revele la identidad de la filtración más mediática de los últimos tiempos. Los periodistas que han declarado que tuvieron el correo antes que García Ortiz no han revelado su fuente por secreto profesional. Y peor aún, la sentencia posiblemente nos deje ciegos en este aspecto.

La Fiscalía dio una pista esclarecedora. Dijo que la revelación de secretos no es un delito que deje rastro precisamente porque el filtrador trata de evitar toda huella digital o escrita que le pueda incriminar, de ahí la dificultad de perseguir este delito. El fiscal general dijo que pidió los correos para cerrar la nota de prensa. Las acusaciones consideran que filtró antes para blanquear así esa nota.

¿Hay delito?

Desde el punto de vista jurídico, es la otra pregunta clave. La Fiscalía y la Abogacía del Estado —que defiende a García Ortiz— se han afanado en subrayar que, según la doctrina del Supremo, no hay revelación de secretos si no hay secreto que revelar.

Y en este caso, sostienen, todo se sabía: varios periodistas han afirmado que conocieron el famoso correo del abogado de González Amador antes que el fiscal general; otros sabían de la intención de reconocer los delitos con un pacto; y además este empresario habló con un periodista, envió uno de los correos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de su pareja, y le autorizó a difundirlo.

En cambio, para las acusaciones -en especial el abogado de González Amador- que la información "estuviera en los medios no eliminaba la tipicidad" (que sea delito) y, tras restar credibilidad a los periodistas, insistió en que no era necesario mencionar la admisión de los delitos en la nota de prensa de la Fiscalía.

El testimonio de una fiscal superior

Descodificar el testimonio de Almudena Lastra será crucial para el tribunal. Para las acusaciones es el hilo argumental para sostener una condena contra el fiscal general, hasta el punto de que cierran los hechos probados con su relato. El diálogo:
"–¿Has filtrado los correos?" –"Eso ahora no importa" es el señalamiento más directo que ha recibido García Ortiz. La fiscal superior reforzó aún más su marcaje cuando dijo: "se me quedó grabado en el alma".

Ahora bien, defensa y Fiscalía alzan la voz por sus "divergencias", ya que en sus declaraciones anteriores indicó que lo que le preguntó fue si había filtrado la nota de prensa y no los correos. Lo atribuyó a "un lapsus". Pero dicen estas que adaptó su alegato cuando el tribunal cambió el objeto de la investigación. De fondo late otro contexto: "animadversión" y "mala relación" hacia la cúpula fiscal, que no esconden las acusaciones. "Se ha jugado su futuro profesional por decir la verdad", dijo un letrado.

A examen los registros y el volcado "integral"

Una de las claves de la sentencia será la respuesta que dé el tribunal a la petición de nulidad de los registros de la UCO de la Guardia Civil en los despachos del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, y los informes que derivaron de ellos.

La Abogacía del Estado ha denunciado que la UCO clonó "el contenido íntegro" de los dispositivos "sin cobertura legal" porque se excedió el marco temporal que estableció el juez -del 8 de marzo al 30 de octubre de 2024-.

Los agentes aludieron en el juicio a la inviabilidad técnica y operativa de hacer un "volcado selectivo" durante un registro.

Este asunto protagonizó la única pregunta formulada por el presidente del tribunal: ¿También con los ordenadores el volcado debe ser completo o se puede segmentar? Las herramientas lo permiten, contestó un agente, pero no siempre se puede hacer. Lo normal, dijo, es realizar una copia completa.

El borrado, clave para las acusaciones

El borrado del móvil del fiscal general el 16 de octubre de 2024 -día en que arrancó la causa- es, para las acusaciones y para el juez instructor, uno de los principales indicios en su contra.

Las acusaciones han hecho hincapié en que eliminó "todos los registros de hechos delictivos", pero también "todo el rastro de prueba de descargo", también al cerrar su cuenta de correo durante la investigación.

"No hay ningún ánimo de ocultación", aseguró García Ortiz, y si lo hubiese, lo habría borrado mucho antes, dijo su defensa. Ambos aludieron a los borrados "sistemáticos" del móvil, ante el volumen y la importancia de la información que alberga, y recordaron que cerró su correo por la filtración de un informe de la UCO, dos meses después del registro a su despacho.

Entra la política

A nadie escapa la carga política del caso. Es más, para las partes es el origen y final de todo. El abogado de la pareja de Ayuso ve un plan político con el fiscal general como ariete para que "rivales" de la presidenta madrileña, con el Ejecutivo a la cabeza, sentencien desde su maquinaria de comunicación a González Amador como "delincuente confeso".

Enfrente, la defensa y la Fiscalía apuntan a la Comunidad de Madrid, en concreto a la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, una "fuente oficial" que orquestó "un bulo" que cuestionaba a la Fiscalía por decir que el pacto salió del Ministerio Público y que se retiró por "órdenes de arriba", sin prueba alguna. Una "insidia y calumnia", según García Ortiz, que le obligó a responder "con la verdad".