El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un golpe al Ayuntamiento al declarar nula de pleno derecho la tasa por la gestión de residuos incluida en la Ordenanza Fiscal 8/2024. La sentencia, que aún puede ser recurrida, se centra en irregularidades formales durante el procedimiento de aprobación de la ordenanza.

Según la resolución de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, no se incluyeron ni publicaron los anexos clave del estudio técnico-económico, en concreto los que analizaban la generación de residuos por actividades económicas. Estos documentos son esenciales para que ciudadanos y empresas puedan entender cómo se calculaba la cuantía del tributo.

La tasa se había aprobado para cumplir la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que establece que los sistemas de financiación deben seguir el principio de "quien contamina paga". Sin embargo, la sentencia subraya que ninguna finalidad legal justifica saltarse los procedimientos ni omitir información relevante. En otras palabras, aunque el objetivo del impuesto sea correcto, su diseño y aprobación deben ser transparentes y completos.

Para los vecinos, esto significa que la obligación de pagar la tasa queda suspendida mientras el Ayuntamiento estudia cómo subsanar las deficiencias. Para las empresas, especialmente aquellas con altos niveles de generación de residuos, también supone un alivio temporal y un replanteamiento de la forma en que se calculan sus contribuciones.

La anulación obliga al Ayuntamiento a revisar la ordenanza y corregir los fallos formales, incorporando toda la documentación necesaria y asegurando que el cálculo de la tasa sea claro y fiscalizable. Mientras tanto, los vecinos y empresas afectadas no deberán abonar la tasa hasta que se publique una versión corregida.

En definitiva, la sentencia del TSJM no solo cuestiona la gestión del Consistorio, sino que también pone sobre la mesa la importancia de la transparencia y la información pública en los impuestos municipales, recordando que incluso un tributo legalmente motivado puede ser anulado si se incumplen los procedimientos.