Madrid pisa el acelerador de la vivienda protegida con una ley que permitirá construir 18.000 nuevos hogares

La normativa aprobada aumenta la edificabilidad, agiliza trámites urbanísticos y facilita la transformación de suelos para ampliar la oferta residencial

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Madrid pisa el acelerador de la vivienda protegida con una ley que permitirá construir 18.000 nuevos hogares
Llaves, vivienda (Foto: Freepik)
El autor esTeresa Sánchez
Teresa Sánchez
Lectura estimada: 3 min.

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso para intentar aliviar la presión del mercado inmobiliario. La Asamblea regional ha aprobado la Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda Protegida, una norma con la que el Gobierno autonómico prevé facilitar la construcción de hasta 18.000 nuevas viviendas con protección pública en los próximos años.

La iniciativa forma parte de la estrategia regional para aumentar la disponibilidad de vivienda y responde a uno de los principales desafíos de la región: el fuerte crecimiento de la demanda residencial y la dificultad de acceso a una vivienda, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias.

Entre las medidas más destacadas figura el incremento de hasta un 30% de la edificabilidad y de un 20% de la densidad residencial en determinados desarrollos urbanísticos. Con ello, se busca aprovechar mejor el suelo disponible y aumentar el número de viviendas que pueden construirse en parcelas ya previstas para uso residencial.

Más viviendas en suelo público y menos obstáculos urbanísticos

La ley incorpora además mecanismos extraordinarios para movilizar suelo que actualmente permanece sin desarrollar y acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones de vivienda protegida.

Una de las novedades introducidas durante la tramitación parlamentaria permitirá aplicar esos aumentos de edificabilidad y densidad a parcelas públicas destinadas a vivienda protegida que todavía no han sido desarrolladas. Esta medida pretende maximizar el potencial de los terrenos disponibles y aumentar la capacidad constructiva sin necesidad de nuevos procesos de clasificación del suelo.

El texto también abre la puerta a que los ayuntamientos puedan autorizar de forma temporal alojamientos en parcelas industriales vacantes situadas en áreas urbanas consolidadas. Lo podrán hacer sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico, una medida orientada a responder a las necesidades derivadas de la movilidad laboral y a dar uso a espacios actualmente infrautilizados.

Más tiempo para convertir oficinas en viviendas de alquiler

Otro de los puntos clave de la norma amplía la vigencia de las medidas que permiten transformar determinados inmuebles destinados a actividades terciarias en uso residencial.

Tras los resultados obtenidos con la conversión de oficinas en viviendas de alquiler, una fórmula que ha impulsado la promoción de más de 8.400 pisos, el Gobierno regional extenderá durante otros dos años la posibilidad de aplicar estos cambios de uso desde la solicitud de la licencia correspondiente.

Además, esta opción ya no se limitará exclusivamente a edificios de oficinas, sino que también podrá aplicarse a otros usos compatibles, como el hospedaje o determinadas dotaciones privadas.

Menos burocracia para acelerar proyectos

La nueva legislación incluye también medidas dirigidas a reducir los tiempos administrativos. Entre ellas destaca la introducción del denominado silencio administrativo positivo para determinados informes sectoriales obligatorios.

En la práctica, si estos informes no se emiten dentro del plazo de tres meses, los instrumentos urbanísticos podrán seguir adelante con su tramitación. El objetivo es evitar retrasos que, en muchos casos, paralizan durante meses o incluso años el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.

Desde el Ejecutivo autonómico defienden que esta simplificación administrativa aportará mayor seguridad jurídica a promotores e inversores y permitirá acelerar la llegada al mercado de nuevas viviendas.

La nueva ley se integra dentro del Plan de Choque de Vivienda 2026-2027 impulsado por el Gobierno regional. Este programa contempla la promoción de más de 70.000 viviendas protegidas a corto plazo y forma parte de una estrategia más amplia que aspira a alcanzar hasta 280.000 nuevas viviendas en los próximos quince años.

Con estas medidas, la Comunidad de Madrid busca aumentar la oferta residencial, contener la presión sobre los precios y adaptar el mercado inmobiliario al crecimiento demográfico que está experimentando la región.

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