La Comunidad de Madrid asegura que la deuda acumulada del Gobierno central con la región asciende ya a 12.367 millones de euros, una cifra que, según el Ejecutivo autonómico, equivale al 40 % del presupuesto regional previsto para 2026 y que representa prácticamente todo el gasto anual destinado a la sanidad pública madrileña.

Así lo ha expuesto la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante un encuentro informativo en el que ha actualizado el cálculo realizado por el Gobierno regional el pasado mes de octubre, cuando la cifra se situaba en 10.500 millones de euros. Según ha explicado la consejera, en los últimos meses se han sumado otros 1.867 millones adicionales vinculados, principalmente, a retrasos en las entregas a cuenta, financiación autonómica, fondos europeos y obligaciones estatales que, a juicio del Ejecutivo madrileño, no están siendo cubiertas por el Estado.

Albert ha acusado al Gobierno central de provocar una "quiebra de la lealtad institucional", una situación que, según sostiene, se ve agravada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, ya que el Ejecutivo nacional acumula tres años sin presentar siquiera un proyecto presupuestario.

Uno de los principales puntos de conflicto señalados por la Comunidad tiene que ver con las llamadas entregas a cuenta, es decir, los anticipos que el Estado transfiere a las autonomías y que representan aproximadamente el 77 % de los ingresos regionales.

Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, Madrid habría dejado de percibir este año cantidades relevantes por la falta de actualización de esos pagos. En concreto, el Ejecutivo regional sostiene que entre enero y marzo recibió 129 millones de euros menos al mes de los que le corresponderían y que, desde abril, la diferencia asciende a 376 millones mensuales. La merma acumulada superaría ya los 750 millones de euros, una cantidad a la que el Gobierno madrileño añade otros 4,7 millones derivados de intereses y de la financiación de emergencia que asegura haber tenido que asumir.

Carta al Ministerio de Hacienda

Durante su intervención, la consejera también ha informado del envío de una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que la Comunidad reclama la aprobación urgente de un Real Decreto Ley específico para actualizar las entregas a cuenta destinadas a las comunidades autónomas. Albert ha criticado además la forma en la que, según denuncia, el Gobierno central aprueba medidas con impacto económico para las autonomías sin negociar previamente su financiación ni acompañarlas de memorias económicas detalladas.

En este sentido, ha señalado como ejemplo reciente el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que incluye rebajas fiscales temporales relacionadas con la electricidad y los carburantes y cuyo impacto para las arcas madrileñas, según el Ejecutivo autonómico, ascendería a 206 millones de euros. La consejera también ha advertido sobre otras medidas impulsadas por el Gobierno que podrían tener un elevado coste para las comunidades autónomas, entre ellas la reducción de la jornada laboral en la Administración o los cambios previstos en horarios lectivos y ratios educativas.

Dependencia, transportes y agua, entre las mayores partidas

Por áreas, la mayor parte de la deuda reclamada corresponde a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que concentra 6.276 millones de euros. Dentro de esa cifra destacan 4.513 millones asociados al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023, además de retrasos en entregas a cuenta y financiación insuficiente de fondos europeos.

La Comunidad también cifra en 2.668 millones la deuda acumulada desde 2019 relacionada con la financiación de la Ley de Dependencia, al considerar que el Estado no está cubriendo el 50 % del sistema que establece la normativa y que actualmente su aportación se sitúa en el 27,9 %.

En materia medioambiental, el Ejecutivo regional eleva la reclamación a 2.785 millones de euros, vinculados tanto al tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo como a actuaciones pendientes en infraestructuras de depuración de aguas residuales. El listado se completa, según los datos ofrecidos por el Gobierno madrileño, con 417 millones correspondientes al Consorcio Regional de Transportes, 149 millones en Sanidad, 61 millones en Justicia y otros 10 millones en Educación.