La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont frente a la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la Ley de Amnistía. Ambas instituciones han presentado sus escritos ante la corte de garantías, en los que respaldan la estimación del recurso de amparo interpuesto por Puigdemont contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación.

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado consideran que el alto tribunal debió aplicar la amnistía y cuestionan la interpretación realizada por el Supremo para excluir su aplicación al delito de malversación, una actuación que califican de "irrazonable y arbitraria".

En sus escritos, subrayan que la voluntad del legislador con la norma es perdonar los delitos vinculados al procés, incluida la malversación, salvo en los supuestos en los que exista enriquecimiento personal, una circunstancia que, a su juicio, no concurre en el caso de Puigdemont.

Con ambos informes ya presentados, la decisión del Tribunal Constitucional se acerca, aunque queda condicionada a lo que determine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles, un pronunciamiento que se espera, como muy tarde, en el mes de marzo.

El abogado general del TJUE ya allanó el camino el pasado noviembre al avalar la ley en un informe en el que sostuvo que la norma se aprobó en un "contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, a diferencia de la tesis mantenida por el Supremo.

Una vez se pronuncie la Justicia europea, el Constitucional podrá abordar de forma directa la resolución del recurso de amparo que, incluso si resultara favorable al expresident, correspondería en todo caso al Tribunal Supremo aplicar.

Mientras tanto, Puigdemont sigue sin poder regresar a España, después de que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordara, por una mayoría de 10 votos a 1, mantener la orden de detención nacional que pesa sobre el expresident catalán hasta que se resuelva el recurso de amparo.