La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido no reabrir la investigación sobre la muerte del cámara italiano Mario Biondo, esposo de la presentadora Raquel Sánchez, ocurrida en mayo de 2013, aunque no descarta que pudiera haberse tratado de un homicidio, como apuntó la justicia italiana.

En un auto al que ha accedido y del que informa EFE, la sección 15ª de la Audiencia desestima el recurso presentado por la familia de Biondo para que se investigue el caso, argumentando que se trata de una cuestión ya juzgada en Italia en 2022. En aquel país, aunque se reconocieron indicios de que el cámara podría haber sido asesinado, la causa se cerró debido al tiempo transcurrido y la imposibilidad de practicar diligencias efectivas.

El juez de Palermo que investigó la muerte de Biondo concluyó que podría haber sido asesinado "por autores que aún se desconocen" y luego colocado en posición de simular un suicidio. El cámara fue encontrado muerto ahorcado en su domicilio de Madrid el 30 de mayo de 2013.

Desde entonces, la familia ha intentado que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento, incluso presentando denuncias contra Raquel Sánchez y un primo suyo por homicidio y encubrimiento, las cuales ahora han sido archivadas definitivamente.

La Audiencia madrileña avala el archivo de la denuncia contra Sánchez por considerar el caso "cosa juzgada", aunque reconoce que la resolución italiana apunta a posibles indicios de que la muerte no fue suicida. El auto destaca que, al momento del hallazgo del cadáver, no se realizaron diligencias fundamentales como interceptaciones o registros, y que estas ya no podrían practicarse tras tantos años.

La denuncia presentada en mayo de 2023 incluía informes periciales que señalaban deficiencias en la autopsia realizada en España, así como investigaciones privadas y la resolución italiana, que también detectó irregularidades en el informe forense.

El despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia, anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional y presentará una reclamación de responsabilidad patrimonial por posibles irregularidades en la investigación española.