Los socios parlamentarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclaman medidas más contundentes contra las empresas presuntamente implicadas en tramas de corrupción, como la que investiga el caso Koldo. Aunque valoran los gestos iniciales del Ejecutivo, consideran insuficiente la respuesta y piden pasar de las palabras a la acción.

La polémica se intensificó tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica a Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, en una trama en la que al menos cuatro empresas estarían involucradas en el pago de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas. Entre ellas se encuentra Acciona, que habría realizado pagos irregulares al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, según los documentos judiciales.

También figura Servinabar 2000, una empresa navarra que operaba en unión temporal con Acciona. La UCO señala que en 2016 Cerdán habría recibido el 45% de las participaciones de esta firma, algo que la propia compañía niega rotundamente. Servinabar rechaza cualquier vinculación del dirigente socialista con la empresa y niega haber cometido delito alguno.

Acciona, por su parte, ha reaccionado anunciando una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, tras conocer que uno de sus exdirectivos, Fernando Agustín Merino Vera, aparece señalado en el procedimiento judicial. Merino fue cesado en abril de 2021, y figura ahora entre los cinco empresarios imputados por el Tribunal Supremo en el caso.

Las formaciones que apoyan al Gobierno -entre ellas ERC, Sumar, BNG, Comunes y PNV- coinciden en reclamar una reforma legal que endurezca las penas a las empresas que incurran en prácticas corruptas. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha defendido la imposición de sanciones "de por vida" y fuertes multas económicas a quienes paguen comisiones ilegales para conseguir contratos públicos. Tras reunirse con Sánchez en La Moncloa, Rufián aseguró que el presidente se mostró receptivo a mejorar la persecución de los llamados "corruptores".

Sumar, por su parte, ya ha dado el primer paso: Más Madrid ha registrado una proposición de ley que busca modificar tanto el Código Penal como la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de cerrar las brechas legales que permiten a estas empresas seguir contratando con la administración incluso cuando están siendo investigadas.

Actualmente, desde 2010, el Código Penal permite castigar penalmente a las personas jurídicas por delitos de corrupción en los negocios. No obstante, según Más Madrid, estas penas no pueden aplicarse como medidas cautelares, lo que permite a las empresas seguir beneficiándose de fondos públicos hasta que haya una sentencia firme, un proceso que suele alargarse durante años debido a la complejidad de las investigaciones.

La dificultad para lograr condenas también es elevada, ya que es necesario demostrar que la empresa no contaba con mecanismos adecuados de control para prevenir el delito, además de probar que se benefició de la actividad ilícita.

Además de Merino y Alonso, el juez del Supremo Leopoldo Puente ha imputado a Antonio y Daniel Fernández Menéndez (vinculados a Obras Públicas y Regadíos, OPR) y a José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Todos ellos están bajo investigación por presuntamente haber efectuado pagos irregulares para conseguir adjudicaciones de contratos públicos.

El magistrado ha solicitado a las entidades financieras información sobre cuentas bancarias y productos financieros tanto de los empresarios como de las compañías beneficiadas por las adjudicaciones bajo sospecha.

Con estas actuaciones judiciales y las presiones políticas en aumento, el Gobierno se enfrenta a crecientes demandas para reforzar la legislación contra la corrupción y cortar de raíz el papel de las empresas que se lucran del sistema público mediante prácticas ilegales.