Las personas afectadas por enfermedades derivadas de la exposición al amianto podrán empezar a tramitar sus compensaciones económicas a partir del próximo 18 de septiembre, fecha en la que entrará en vigor el real decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos. La norma ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y marca un hito tras años de reivindicación de víctimas, asociaciones y sindicatos.

El decreto contempla que las ayudas se desplegarán inicialmente para las víctimas que ya dispongan de un reconocimiento administrativo o judicial firme de una pensión de incapacidad permanente provocada por patologías relacionadas con el amianto. Para estos casos, los efectos serán automáticos tres meses después de la publicación de la norma.

Para el resto de supuestos contemplados —como personas con sentencia judicial firme no ejecutada, enfermos sin pensión pero diagnosticados con dolencias reconocidas por la norma, o los herederos de víctimas— la entrada en vigor estará sujeta a las previsiones que establezcan futuras leyes de presupuestos generales del Estado.

El Consejo de Ministros aprobó este reglamento que da luz verde al acceso a las ayudas del Fondo de Compensación para Víctimas del Amianto, dotado con indemnizaciones que oscilan entre los 32.000 y los 96.000 euros, dos años y medio después de que se aprobara su creación con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios.

¿CÓMO SOLICITAR?

Los interesados deberán solicitar un certificado de diagnóstico a la Consejería de Salud o el organismo equivalente de su comunidad autónoma, que acredite que padecen una de las patologías reconocidas por exposición al amianto.

Una vez obtenido este certificado, podrán presentar la solicitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que tendrá seis meses para resolver el expediente. Si no hay respuesta expresa en ese plazo, se entenderá que la petición ha sido denegada por silencio administrativo.

El amianto es un material altamente tóxico, prohibido en España desde 2002, cuya exposición está asociada a graves enfermedades como la asbestosis o el cáncer de pulmón. El reconocimiento oficial de las víctimas representa un paso significativo en el camino hacia la reparación y la justicia, en uno de los mayores escándalos de salud laboral del siglo XX.