El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 9 de julio para dar explicaciones sobre el llamado caso Koldo, pese a que varios de sus socios parlamentarios y la oposición reclaman que lo haga mucho antes. Así se ha planteado en la Junta de Portavoces del Congreso celebrada este martes, donde el grupo socialista ha defendido que esa es la primera fecha disponible en la agenda del jefe del Ejecutivo, debido a compromisos internacionales previos.

La propuesta no ha sido bien recibida por la mayoría de los grupos parlamentarios. El Partido Popular ha pedido incluso reordenar el pleno de esta misma semana para que Sánchez interviniera el jueves, pero la iniciativa fue rechazada por el PSOE con el apoyo de EH Bildu. Aun así, Vox, ERC, Podemos, PNV y Junts se sumaron a la petición del PP de una comparecencia inmediata, según explicó el portavoz popular, Miguel Tellado.

Tellado ha criticado duramente la decisión del Gobierno y ha acusado a Sánchez de "huir del control parlamentario", calificándolo de "forajido". También ha reprochado a Sumar su "tibieza" ante la situación, aunque fuentes del grupo han señalado que comparten la necesidad de una comparecencia pronta, aunque entienden que hay condicionantes en la agenda oficial.

Desde el PNV y ERC han ratificado que la presencia del presidente en la Cámara Baja debería producirse "a la mayor brevedad posible". Ambas formaciones consideran que el contexto político exige claridad y explicaciones inmediatas, más aún cuando en tres semanas, alertan, "pueden pasar muchas cosas".

El PP ha solicitado además una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces para forzar la celebración de un pleno monográfico sobre el caso Koldo y la presunta implicación del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Para ello, necesitaría el apoyo mayoritario de la Cámara, aunque no la unanimidad.

Pese a la creciente presión política y mediática, salvo cambios de última hora, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso no se producirá hasta dentro de 22 días. La oposición teme que esta dilación pueda diluir el foco político sobre el escándalo.