El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes autonómicos ante la celebración este viernes en Barcelona de la Conferencia de Presidentes para pedirles un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030, con medidas como triplicar la inversión pública en este ámbito hasta casi 7.000 millones de euros.

En la carta a la que ha tenido este miércoles acceso EFE, Sánchez resalta que la Conferencia de Presidentes es un foro para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre administraciones y considera que debe servir para hacer frente a problemas como el de la vivienda y debatir sobre ello "de forma serena y constructiva".

Para Sánchez, el acceso a la vivienda es un desafío que hay que afrontar porque lo que se ha hecho hasta ahora estima que no es suficiente. "Quiero invitarte a dar un paso más e impulsemos juntos un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030", escribe el jefe del Ejecutivo en esa misiva, en la que señala que el acuerdo podría aprobarse en los próximos meses y se asentaría en tres compromisos.

En concreto, los compromisos consistirían en triplicar la inversión pública en vivienda, blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública y acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales de internet privados dando más transparencia el sistema.

Respecto a la primera de esas propuestas, el presidente del Gobierno explica que, en el último Plan Estatal (2022-2025), las administraciones destinaron 2.300 millones de euros a construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler. Ahora pide aumentar esa cantidad hasta casi los 7.000 millones, de los que el Gobierno se compromete a aportar 4.000 (un 60 %) siempre que los ejecutivos autonómicos asuman más corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones.

Respecto a la segunda propuesta, desea vincular la inversión al compromiso de blindar indefinidamente la calificación de las viviendas con protección pública. "Mi propuesta es que pongamos fin a esta terrible sangría", en alusión a la venta de viviendas protegidas "y que todos nos comprometamos a que las viviendas que se financien con dinero público mantendrán de forma permanente su calificación de vivienda protegida, ofreciendo así -explica- una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía".

Asimismo, fuentes del Gobierno han explicado que las comunidades autónomas donde se permite descalificar la vivienda protegida tras un periodo determinado para su venta en el mercado libre no tendrán que hacer cambios normativos para acogerse a este nuevo plan, sino simplemente mantener la condición de vivienda protegida de las que se construyan con esos fondos públicos. Lo que quiere el Ejecutivo es que las viviendas que se van a construir o rehabilitar con los recursos públicos contenidos en este nuevo plan mantengan su calificación de protegidos para siempre.

Respecto a su deseo de acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales de internet privados, la carta señala que no hay una base de datos pública que permita conocer los precios reales de compra, venta o alquiler, y cree que eso impide a los gobiernos diseñar mejores políticas públicas y a los ciudadanos negociar de forma adecuada el precio de sus casas. Por eso, plantea a los presidentes autonómicos que todas las administraciones vuelquen la información que tengan en una base de datos agregada y pública.