El debate sobre los aforamientos políticos —una figura jurídica que concede a determinados cargos públicos la posibilidad de ser juzgados solo por tribunales superiores— ha vuelto con fuerza al primer plano político. El detonante ha sido la recogida del acta de diputado autonómico por parte de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, mientras se encuentra investigado por su presunta implicación en la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El aforamiento de Gallardo frenará la instrucción judicial ordinaria y obligará a trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tal y como marca la ley. Tras asumir su escaño, Gallardo propuso al Partido Popular una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos en la región, una iniciativa que ha recibido una respuesta contundente por parte de la presidenta autonómica, María Guardiola: "Lo que tiene que hacer Gallardo es renunciar al aforamiento hoy mismo y, a partir de ahí, estamos dispuestos a hablar de cualquier modificación normativa".

Una promesa socialista que no se ha cumplido

El tema no es nuevo. El Partido Socialista propuso en 2013 una reforma constitucional que incluía la limitación de los aforamientos. Un año después, en 2014, Pedro Sánchez, entonces recién elegido secretario general del PSOE, prometió ante el congreso federal de su partido acabar con el aforamiento total de los cargos públicos.

En 2018, ya como presidente del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de reforma constitucional para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, pero la medida nunca se concretó.

En su discurso de investidura en 2019, Sánchez reiteró su compromiso, pero cinco años después la reforma sigue bloqueada. Solo Ciudadanos había presionado con fuerza por eliminar esta figura, pero su peso político ha ido desvaneciéndose.

Solo seis comunidades han avanzado

Hasta la fecha, solo seis comunidades autónomas han logrado reformar sus estatutos para eliminar o limitar los aforamientos:

-Canarias (pionera en 2018)

-Cantabria

-Murcia

-Baleares

-Aragón

-La Rioja (pendiente de ratificación definitiva en el Congreso)

En otros territorios, como Castilla-La Mancha, se llegó a acuerdos políticos, pero las reformas nunca prosperaron.

¿Por qué existen los aforamientos?

Los artículos 71 y 102 de la Constitución Española reconocen esta figura para diputados, senadores y miembros del Gobierno, quienes solo pueden ser procesados con autorización de sus cámaras o directamente por el Tribunal Supremo.

Según el Tribunal Constitucional, el aforamiento busca proteger la independencia de los poderes públicos frente a presiones externas o querellas con fines políticos. Sin embargo, sus críticos denuncian que se ha convertido en un privilegio injustificable en democracia, escudo para la impunidad y arma de dilación procesal en causas de corrupción o escándalos políticos.

Ahora, el caso Gallardo ha vuelto a poner en entredicho la coherencia del discurso del PSOE, forzando a Pedro Sánchez y su partido a retomar un debate que ellos mismos impulsaron hace más de una década y nunca resolvieron.