La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el archivo definitivo del procedimiento judicial abierto contra el humorista salmantino Héctor de Miguel, conocido como Quequé, al no apreciar indicios de delito de odio en unas bromas realizadas en su programa radiofónico Hora Veintipico, de la Cadena Ser, en las que mencionaba "dinamitar el Valle de los Caídos" y "apedrear a sacerdotes pederastas".

La decisión del tribunal responde a los recursos presentados por la defensa del humorista y por la Fiscalía, que se opusieron a la continuación del proceso acordada previamente por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid. En su resolución, la Audiencia sostiene que las expresiones utilizadas por Quequé "no son delito" y que "en modo alguno fomentan directa o indirectamente un clima de hostilidad al hecho religioso ni a quienes practican la religión católica".

El tribunal considera que el objetivo del humorista no fue otro que expresar su postura política "de manera airada y exagerada", pero sin intención de elaborar un discurso de odio, y enmarcando sus palabras dentro de un tono humorístico, propio de su estilo.

Durante su declaración judicial el pasado 23 de enero, De Miguel explicó que las bromas estaban dirigidas exclusivamente a su audiencia y en un contexto humorístico claramente reconocible.

Pese al archivo, la Fundación Abogados Cristianos, con sede en Valladolid y promotora de la querella, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo. En un comunicado, la organización critica que el auto judicial no haga mención explícita a las declaraciones sobre los sacerdotes pederastas y denuncia una "doble vara de medir" por parte de la Justicia madrileña.

Esta no es la primera querella presentada por Abogados Cristianos contra el cómico salmantino. Una anterior, por un presunto delito contra los sentimientos religiosos, también fue archivada. Además, la fundación ha interpuesto una tercera denuncia, en esta ocasión por acoso, acusando a Héctor de Miguel de incitar a sus seguidores a llamar a la sede de la organización, lo que —según afirman— provocó cerca de 900 llamadas con insultos dirigidos a su presidenta, Polonia Castellanos.

Por esta última causa, el humorista está citado a declarar este viernes en un juzgado de Valladolid.