Un Juzgado de lo Social de Madrid ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a pagar una indemnización de 24.586 euros a una médica de Familia, "por daños morales", por trabajar sin plan de prevención de riesgos laborales en Atención Primaria.

La asesoría jurídica de Amyts ha logrado una sentencia parcialmente estimatoria de la demanda formulada por una doctora y afiliada al sindicato frente a la Consejería de Sanidad, por vulneración del derecho fundamental de la demandante a la integridad física y psíquica (artículo 15 Constitución Española), ordenando el cumplimiento de la evaluación en materia de riesgos laborales.

En un comunicado, Amyts considera "histórica" esta resolución y destaca el "goteo" de sentencias favorables, ya que recientemente se consiguió una indemnización de 8.000 euros por esta desprotección, tras la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En la nueva sentencia, el Juzgado de lo Social cita el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 23 de marzo de 2021 donde queda "acreditada la inexistencia de plan de prevención de riesgos laborales" para los profesionales de la Medicina y Pediatría de Atención Primaria (...) "sin que tampoco conste la evaluación de los puestos de trabajo de las personas afectadas ni antes ni durante la pandemia".

Igualmente, se alude a la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2022 que condenó a la Comunidad de Madrid "a efectuar de forma inmediata un plan de prevención de riesgos con la valoración de los puestos de trabajo y determinación de la carga de trabajo".

Los seis sindicatos de la mesa sectorial de Sanidad y APSeMueve interpusieron en 2024 una demanda de conflicto colectivo ante el TSJM por vulneración de derechos fundamentales, al carecer la Consejería de Sanidad de un plan de prevención de riesgos laborales en Atención Primaria. Amyts, CCOO, Satse, CSIT Unión Profesional, UGT, CSIF y APSeMueve piden que se condene a la Comunidad de Madrid a una indemnización histórica de 5 millones de euros -hasta la fecha de la sentencia- por el grave incumplimiento en este ámbito de la Ley de prevención de riesgos laborales, vigente desde 1995, y 100.000 euros por cada día de retraso en la negociación del plan.