La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso para reforzar el desarrollo de los municipios de menor tamaño. El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de las normas que regulan las ayudas destinadas a la elaboración de planes urbanísticos, ampliando su alcance a localidades de hasta 20.000 habitantes. Con este cambio, el programa pasa de cubrir municipios de hasta 15.000 vecinos a incluir también a los de mayor tamaño dentro de ese tramo, lo que eleva el número de beneficiarios de 135 a 142 municipios.

Esta línea de ayudas, en marcha desde 2019, está diseñada para facilitar a los ayuntamientos con menos recursos la elaboración de sus instrumentos de planificación urbanística. Desde su creación, ha permitido conceder más de 2,8 millones de euros a 80 municipios de menos de 15.000 habitantes.

El objetivo es claro: dotar de medios técnicos y financieros a las corporaciones locales con menor capacidad de gestión, especialmente en el marco de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), que busca garantizar un crecimiento ordenado en todo el territorio.

El nuevo modelo mantiene un sistema progresivo de financiación en función del tamaño de la población, con el fin de ajustar el apoyo a las necesidades reales de cada localidad:

• Hasta 2.500 habitantes: 95% del coste subvencionado
• Entre 2.501 y 5.000: 90%
• Entre 5.001 y 10.000: 80%
• Entre 10.001 y 15.000: 70%
• Entre 15.001 y 20.000: 60%

Además, la Comunidad de Madrid adelantará el 75% de la ayuda concedida, una medida pensada para mejorar la liquidez de los ayuntamientos y facilitar la puesta en marcha de los proyectos.

Entre las principales novedades, el programa incorpora la financiación de los llamados Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirán a los ayuntamientos abordar la planificación desde una fase inicial de diagnóstico, conocida como DEMO. Este enfoque pretende mejorar la calidad de los proyectos urbanísticos desde su origen, dotando a los municipios de una visión más global y estratégica de su desarrollo.

La reforma también introduce cambios en la gestión administrativa. Se establece una tramitación centralizada de informes sectoriales, con el objetivo de agilizar los procedimientos y mejorar la coordinación entre administraciones. Asimismo, se flexibilizan los plazos de ejecución, permitiendo ampliaciones o suspensiones justificadas cuando sea necesario, para garantizar la calidad de los trabajos técnicos.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a través de la Dirección General de Urbanismo, será la encargada de supervisar los proyectos subvencionados. Todos deberán ajustarse a sus recomendaciones técnicas y cumplir criterios estrictos de calidad, con la figura de un responsable de contrato y una justificación documental reforzada.

Con esta ampliación, la Comunidad de Madrid busca reforzar la capacidad de planificación de los municipios medianos y pequeños, asegurando que todos puedan desarrollar su crecimiento urbano con garantías técnicas, independencia y apoyo económico suficiente.