La Comunidad de Madrid destinará más de 10,8 millones de euros a reforzar la protección de los inmuebles gestionados por la Agencia de Vivienda Social (AVS). El objetivo es prevenir ocupaciones ilegales y proteger a las familias con menos recursos, así como preservar locales, garajes y parcelas bajo su administración.

El nuevo contrato de seguridad, aprobado por el Consejo de Gobierno, tendrá una duración inicial de 24 meses, prorrogable hasta 2030, y cubrirá los 50.000 inmuebles de la AVS y sus centros de atención al ciudadano. Según fuentes oficiales, la medida busca consolidar y mejorar las acciones desarrolladas en los últimos años para proteger tanto los edificios como a sus residentes.

Actualmente, la AVS gestiona 25.000 viviendas en 119 municipios, ofreciendo hogar a cerca de 100.000 madrileños. Para incrementar la seguridad, se combinan medios humanos con medidas disuasorias como alarmas y puertas antiocupación.

En paralelo, el Ejecutivo regional mantiene un ambicioso plan de construcción: más de 2.100 viviendas en esta Legislatura, con cerca de 1.200 pisos en obra en localidades como Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y la capital.

Además, el nuevo Reglamento de Vivienda, actualmente en tramitación y previsto para julio, incluirá restricciones específicas contra ocupaciones. Quienes tengan sentencias firmes por allanamiento de morada o usurpación no podrán acceder a un inmueble protegido durante cinco años desde la condena. La normativa busca reducir de manera significativa los casos de ocupación ilegal y proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a viviendas sociales de manera legal y segura.

Con estas medidas, la Comunidad de Madrid refuerza su estrategia para garantizar que el patrimonio público cumpla su función social, protegiendo a quienes más lo necesitan y dificultando abusos que afectan al conjunto de los madrileños.