Ya sé que no son cifras oficiales, pues, entre otras cosas, no se realizan mediciones exactas más que para la de mujeres: 58 en 2023.

Los homicidios, en hombres alcanzaron, en el mismo periodo, la cantidad de 300.

La cifra más elevada del mismo año, 2023, fue la de suicidios, con un número total de 3.950, de los cuales más más de 130 son menores.

Curiosamente las políticas presentan un sesgo intencionado, en aras de un discurso frentista y cargado de ideología; pero ni blancos ni negros enfocan el tema en la realidad, más que preocupante, de la tasa de autoeliminación que tenemos en este país.

En estos días, como consecuencia del caso de Sandra, se les llena la boca con el acoso escolar (bullying), cuando deberían de decir: violencia entre menores, o lo que es más grave, violencia permitida por los mayores o amparada por los centros educativos.

Cuando a tu hijo/a le insultan los compañeros, lo acosan, lo llaman gorda/o, cuatro ojos, estúpida/o, se mofan de cualquiera cosa de él o ella, o sencillamente, lo agreden físicamente, es evidente que la educación no funciona en la casa de los agresores; que el centro no interviene por multitud de factores, permitiendo que se sucedan situaciones de angustia, de presión, de depresión, de agresión por su incapacidad o su simple inacción.

La educación es una responsabilidad de los padres, como lo es la acción de sus hijos; de modo que la culpa de la agresión a un menor es del progenitor del agresor: Y cuando se produce -como sucede habitualmente- en el centro formativo, no quiero llamarlos 'educativos', pues han renunciado padres y centros a esa colaboración, quedando los colegios en meros formadores de unos currículos deficientes, mal preparados, peor gestionados y predefinidos por políticos que desean mentes débiles e incultas, fáciles de manipular y que no los superen; lo cual resulta sencillo en una educación mínimamente exigente.

Al final, llevas a tu hijo/a a un centro que se supone con unos niveles excelentes -así se venden-, en el que sufre violencia escolar. Como consecuencia del estado del menor, informas al centro para que se tomen medidas y… finalmente la única opción que te queda es trasladarlo a otro centro, con la victoria del violento, del maleducado y la tristeza de tu hijo/a, que finalmente, en el nuevo y mejor centro, con suerte se hace feliz.

Cuando denuncias estas situaciones, el colegio o instituto no hace nada; la inspección educativa no se involucra y, como gracias a Dios, el/la menor no se suicida y se limita a irse del colegio, la cosa se esconde, oculta se soslaya y… aquí no ha pasado nada.

La cosa se agrava cuando tu hijo/a tiene una discapacidad intelectual; en cuyo caso lo miran como un bicho raro, no quieren tenerlo, te obligan a irte, lo expulsan hasta de la Iglesia, pues no saben cómo actuar; y tu peregrinar de uno a otro es un reguero de sangre y sufrimiento que, si tienes suerte, se aplaca por la angelical actuación de algún profesional que se involucra (verdad Lola), lucha y te ayuda hasta que la administración te obliga a una escolarización concreta y especializada.

Acudes a ese centro especializado con la intención y voluntad de apoyar, ayudar, ofrecer y actuar en una colaboración sincera y cierta; pero nada más llegar, despreciar todas las ofertas, toda la colaboración, toda información, y no ofrecerte ni información, ni acceso, ni luz respecto de las pautas de actuación que los profesionales te han dado para desarrollar en tu hijo/a. Cuando protestas, discrepas, requieres e inquieres informes trimestrales del trabajo que se hace con tu hijo/a, terminas enfrentándote a una caterva de padres manipulados, a los que les inoculan que tú quieres dañar al centro y a sus hijos.

Así pasan los años, con una inspección educativa silente, cuando no abiertamente posicionada en contra de tus peticiones de información; con unas políticas que te traicionan por tener resuelto el problema que son incapaces de manejar; unos jueces ciegos o que disfrutan no viendo; y una sociedad que prefiere vivir tranquila en lugar de actuar solidariamente de verdad, y no como una bandera que oculta su estulticia.

Acudir todos los días a un centro en el que te insultan, en el que no aplican las indicaciones que te realizaron los profesionales, que no te informa, que te impide ver como se trabaja con tu hijo/a y que te impiden hacer nada, pues te niega -el centro, la inspección educativa, los jueces, los políticos- tu libertad y la de tu hijo, dejándote como única opción la de huir, someterte o callar. Incluso los que se consideran cercanos, cada vez que hablas, se mofan del "pitufo gruñón" en lugar de ayudar, apoyar o dar una simple palabra de aliento a aquel que sufre por su situación; y sobre esa herida, le echan sal.

Es triste el caso de Sandra, pero mientras nuestros políticos no tengan una medallita que colgarse o no lo contemplen como un problema que no deben de afrontar para que no les molesten, seguirán las Sandras, los padres molestos, las madres llorando y la sociedad mirando hacia otro lado.

Si por 50 mujeres gastamos millones de euros y enarbolamos banderas moradas -sin haber reducido el número de víctimas- ¿qué tendríamos que hacer con los miles de autoeliminados, con los más de 130 menores?

Si en lugar de etiquetar la violencia buscásemos modos, formas y maneras de eliminarla, de apoyar a la víctima -con la que siempre hemos de estar- en lugar de generarla con enfrentamientos de sexos, ideologías, políticas y luchas estériles, empezando por proteger a los más débiles: menores, discapacitados, ancianos, mujeres… etc., quizás entonces creería que los políticos sirven y no se sirven; pues hoy lo único que percibo es que se sirven de las mujeres muertas, para enfrentarnos, pero no veo que pongan soluciones, y mucho menos que quieran el fin de la violencia que les permite seguir con su fiesta.