El 83% de esta cantidad proviene directamente de la Comunidad de Madrid y los fondos específicos del modelo crecerán un 41% en seis años
Las ayudas de alivio para las hipotecas que quiere aprobar el Gobierno
Actualmente estas medidas están reservadas para quienes tienen hipotecas a tipo variable y rentas de hasta 29.400 euros
El Gobierno aprobará previsiblemente en el último Consejo de Ministros del año un nuevo umbral para que unas 100.000 familias con rentas de hasta 37.800 euros anules puedan optar a las medidas de alivio hipotecario, de las que hasta el momento no se han beneficiado ni 7.000 hogares.
Actualmente, estas medidas están reservadas para quienes tienen hipotecas a tipo variable y rentas de hasta 29.400 euros y hasta octubre los bancos habían recibido 55.000 solicitudes de clientes, de las que apenas el 12% habían sido aprobadas.
La idea del Ejecutivo es introducir estos cambios para, en palabras de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ofrecer una red de seguridad y que más familias puedan optar a la congelación durante 12 meses de su cuota hipotecaria, la extensión del plazo de amortización de hasta 7 años y, en los casos de rentas por debajo de 25.200 euros, una carencia de 2 años.
También se quiere mantener en 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios de tipo variable a tipo fijo y se incluyen además las conversiones de tipo variable a tipo mixto.
Una vez finalizadas las medidas prorrogadas a 2024, se establecerá un techo permanente del 0,05% a las comisiones aplicables a los cambios de hipotecas de tipo variable a fijo o mixto.
Por otro lado, el Gobierno ha decidido también promover "antes de final de año" un cambio legal para prohibir que los bancos puedan cobrar comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla a los mayores de 65 años o discapacitados.
Aunque la mayoría de entidades ya no cobra a los mayores por la retirada de efectivo en ventanilla, como reconoció la propia Calviño, desde el Ejecutivo creen que conviene tener una protección legal para garantizar que ninguna entidad cobre a ningún mayor o discapacitado.
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