Madrid lleva a los tribunales al exdelegado del Gobierno por la acampada de Sol
El Ayuntamiento presenta una denuncia penal contra Francisco Martín por presunta prevaricación omisiva y cifra en 40.000 euros los daños ocasionados en la plaza
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido llevar a los tribunales al ex delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, por su actuación durante la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol. Los servicios jurídicos municipales presentarán este lunes una denuncia penal por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva.
El anuncio lo ha realizado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quien ha explicado que el escrito, de unas 30 páginas, recoge de forma cronológica los acontecimientos relacionados con la protesta, que se mantuvo en la plaza hasta que fue levantada hace dos semanas.
Según Sanz, el Ayuntamiento considera que Martín permitió que la acampada continuara pese a tener la responsabilidad de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. La vicealcaldesa sostiene que el exdelegado conocía directamente lo que estaba sucediendo y que también había recibido información a través de los distintos escritos remitidos por el Consistorio.
La denuncia incorpora informes de la Policía Municipal y de diferentes servicios municipales en los que, según ha detallado Sanz, se documenta la presencia de objetos prohibidos y posibles problemas de seguridad ante una eventual evacuación de la Puerta del Sol.
El escrito también recoge los daños ocasionados en distintos elementos del espacio público, entre ellos las esculturas de Carlos III, el Oso y el Madroño y la Mariblanca, así como en el propio entorno de la plaza. El Consistorio considera que estos hechos justifican la presentación de la denuncia y sostiene que el exdelegado del Gobierno tenía conocimiento de las circunstancias que rodearon la acampada y de los problemas que, a su juicio, estaba generando.
Al margen de las posibles responsabilidades penales, el Ayuntamiento ha comenzado a calcular el coste de los daños materiales. Aunque todavía no existe una valoración definitiva, la estimación municipal asciende por el momento a unos 40.000 euros.
De esa cantidad, alrededor de 12.000 euros corresponden a la restauración de los monumentos afectados, mientras que otros 11.000 euros se destinarán a reparar el mobiliario urbano. A ello se suman los 8.500 euros que costará arreglar las estructuras de los toldos que el Ayuntamiento instala durante el verano y que, según la información municipal, fueron utilizados para sujetar las tiendas de campaña. La factura también incluye el gasto derivado del dispositivo de Policía Municipal y de los servicios de limpieza desplegados durante la protesta, cuyo coste todavía no se ha concretado.
Con esta denuncia, el Gobierno municipal pretende que los tribunales examinen la actuación del anterior delegado del Gobierno durante la acampada y determinen si existió responsabilidad penal por no intervenir ante los hechos que el Ayuntamiento asegura haber comunicado.








