El pleno del Congreso de los Diputados afronta este martes una votación clave en materia de vivienda que, salvo giro inesperado, terminará con la derogación del decreto ley que permitía prorrogar contratos de alquiler y limitaba las subidas de renta.

La norma, impulsada por Sumar dentro del Gobierno, contemplaba la posibilidad de extender durante dos años los contratos que vencieran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, además de fijar un tope del 2% en la actualización anual de los alquileres. Sin embargo, la mayoría parlamentaria que suman Partido Popular, Vox y Junts apunta a su rechazo definitivo.

El encargado de defender la iniciativa será el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, principal impulsor de una medida que ha generado tensiones dentro del propio Ejecutivo. De hecho, el decreto salió adelante ‘in extremis’ en el Consejo de Ministros tras semanas de desacuerdo con el ala socialista y la intervención directa de la vicepresidenta Yolanda Díaz ante el presidente Pedro Sánchez.

División en el Gobierno y dudas jurídicas

Desde el sector socialista del Ejecutivo nunca se ha ocultado la incomodidad con esta medida. Las reticencias han sido tanto políticas como jurídicas, llegando incluso a considerarse potencialmente inconstitucional su inclusión en un decreto ley. Aunque finalmente se respaldó en el Consejo de Ministros, se hizo con un perfil bajo y sin entusiasmo.

En esta línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha evitado recomendar abiertamente a los ciudadanos acogerse a la prórroga, advirtiendo de la "inseguridad jurídica" que podría generarse si la norma decae, como todo apunta.

Juristas consultados coinciden en que la situación podría derivar en una oleada de litigios, especialmente en torno a si las prórrogas solicitadas durante la vigencia del decreto seguirían siendo válidas o quedarían anuladas tras su derogación.

Desde Sumar se ha intentado hasta el último momento salvar la medida, apelando a la presión social y a una posible abstención del PP que permita su convalidación. En este contexto, colectivos como el Sindicato de Inquilinas han convocado protestas frente a la sede nacional del PP en Madrid, bajo el lema "O con la gente o con los especuladores".

El ministro Bustinduy también ha trasladado personalmente su petición al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apoyándose en encuestas que reflejan un amplio respaldo social a la medida: más del 73% de los ciudadanos estaría a favor de la prórroga, según datos del centro de investigación Ateneo del Dato.

Impacto en millones de inquilinos

La derogación del decreto afectará potencialmente a más de un millón de contratos de alquiler y a unos 2,7 millones de inquilinos, concentrados en gran medida en comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía.

De confirmarse el rechazo parlamentario, el escenario que se abre es de incertidumbre tanto para inquilinos como para propietarios, en un momento ya tensionado por el encarecimiento de la vivienda. La votación de este martes no solo marcará el futuro inmediato de esta medida, sino que también evidenciará las dificultades políticas para sacar adelante reformas estructurales en materia de vivienda