La tensión entre administraciones por el desarrollo de las energías renovables vuelve a escena. La Comunidad de Madrid ha solicitado al Ejecutivo central una auditoría independiente sobre las autorizaciones ambientales concedidas a grandes plantas solares en la región, tras detectar posibles irregularidades en su tramitación. La petición ha sido trasladada por el consejero Carlos Novillo a la ministra Sara Aagesen, responsable de Transición Ecológica, en una carta donde expresa la preocupación del Gobierno autonómico por el proceso seguido en estos proyectos.

En el punto de mira están 53 macroplantas fotovoltaicas ya aprobadas, que ocupan unas 10.490 hectáreas. Según el Ejecutivo madrileño, existen "graves sospechas" de que algunas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) podrían no haberse tramitado con el rigor técnico necesario. El objetivo de la auditoría sería comprobar si estos permisos __EMDASH__competencia del Estado__EMDASH__ cumplen con las garantías exigibles y descartar posibles prácticas irregulares que podrían afectar tanto al medio ambiente como a la seguridad jurídica de las inversiones.

Energía sí, pero con límites

Desde el Gobierno regional insisten en que apoyan la transición energética, aunque subrayan que debe hacerse con equilibrio. En este sentido, alertan del impacto que estas instalaciones pueden tener sobre terrenos agrícolas de alto valor, especialmente olivares y viñedos, sectores clave desde el punto de vista económico y cultural. También cuestionan el procedimiento seguido, ya que, según denuncian, en algunos casos se habrían aprobado las evaluaciones ambientales antes de definir una planificación territorial clara, lo que podría favorecer una ocupación desordenada del suelo.

Uno de los principales reclamos de Madrid es reforzar el papel de las autonomías en este tipo de proyectos. El Ejecutivo regional plantea que los gobiernos autonómicos tengan un informe vinculante en las decisiones del Estado y propone revisar el reparto de competencias. Incluso va más allá: pide que las comunidades puedan asumir la autorización de todas las plantas solares, incluidas las de más de 50 megavatios, las más grandes y con mayor impacto territorial.

Como medida de control, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un Plan de Protección del Paisaje que limita al 4% del territorio la superficie destinada a instalaciones fotovoltaicas. Esta zonificación busca preservar el entorno natural y la actividad agrícola. Además, el modelo regional apuesta por priorizar la instalación de placas solares en espacios ya transformados, como cubiertas de edificios o terrenos de baja productividad. De hecho, el número de instalaciones de este tipo ha pasado de 370 en 2018 a más de 100.000 en 2025, reflejando un cambio de estrategia hacia un desarrollo más integrado.