El colaborador televisivo Kiko Matamoros afronta una complicada situación judicial. La Fiscalía solicita para él cinco años y seis meses de prisión al considerar que ocultó su patrimonio para evitar pagar importantes deudas con la Agencia Tributaria. En el mismo procedimiento también está acusada su exmujer, Makoke, para quien el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel por haber colaborado presuntamente en la estrategia.

El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, donde el fiscal expondrá las conclusiones de una investigación que analiza las actividades económicas del tertuliano entre 2009 y 2014.

Según la acusación, durante esos años Matamoros habría acumulado deudas con Hacienda que superaban los 1,08 millones de euros, cantidad que incluye cuotas tributarias impagadas, intereses y sanciones administrativas. La Fiscalía sostiene que el colaborador diseñó un plan para proteger su patrimonio frente a posibles embargos, pese a que -según el escrito de acusación- sus ingresos en televisión y prensa del corazón eran suficientes para afrontar las obligaciones fiscales.

De acuerdo con la investigación, el acusado evitó declarar formalmente ingresos o bienes a su nombre y utilizó a terceras personas para recibir parte del dinero procedente de sus trabajos en televisión, entrevistas, reportajes y colaboraciones en medios.

El Ministerio Público describe una estructura basada en sociedades interpuestas y contratos paralelos para canalizar la actividad profesional del tertuliano. Entre las empresas citadas en la causa figuran Salto Mortal y Silla del Ring, que presuntamente habrían servido para dar apariencia de que el acusado no tenía ingresos directos. La acusación asegura que algunos pagos por trabajos en medios audiovisuales, prensa o eventos eran facturados por terceras personas, que posteriormente entregaban el dinero a Matamoros.

El papel de Makoke

En esta supuesta estrategia también habría participado su entonces esposa. La Fiscalía considera que Makoke actuó como cooperadora necesaria en el delito principal al colaborar en determinadas operaciones económicas. Uno de los episodios señalados por el fiscal es la compra de una vivienda en 2011 en Pozuelo de Alarcón, valorada en más de 1,3 millones de euros, donde la pareja fijó su residencia habitual. Para evitar que el inmueble pudiera ser embargado por Hacienda, la propiedad se habría registrado exclusivamente a nombre de ella, según la acusación.

Además de las penas de prisión, el fiscal solicita que ambos acusados abonen multas de 33.000 euros para Matamoros y 30.750 euros para Makoke. También reclama que indemnicen conjuntamente a la Agencia Tributaria con 471.900 euros. A esa cantidad se suma otra reclamación económica adicional contra el colaborador televisivo. La Fiscalía pide que Matamoros pague otros 636.697 euros por el presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes.

El nombre del tertuliano apareció durante años en las listas públicas de morosos de la Agencia Tributaria. Entró por primera vez en 2016 y volvió a figurar en el listado de grandes deudores en 2020, reservado para quienes debían más de 600.000 euros. Finalmente salió de ese registro en 2022, dato que se hizo público un año después.