La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana en Valencia cree que la "exclusión voluntaria" del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo", una "omisión equiparable a la acción" en los 230 fallecimientos y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.

Según detalla la instructora en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para pedir que se investigue formalmente a Mazón, de 109 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, "el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que habrán de imputarse los fallecidos".

"El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos -insiste la jueza- conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante".

La jueza Nuria Ruiz Tobarra considera indicios contra Mazón también el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de las mismas o la falta interacción con los responsables autonómicos".

Dicha pasividad cabe "calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada", añade la instructora.

"En realidad -según la jueza-, desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante. Se mantenía en el interior del restaurante durante el peor momento de la emergencia y las llamadas que se pudieron haber hecho no revisten ningún resultado positivo, ni ninguna actuación".

La jueza cree que Mazón intervino en el Es-Alert

A juicio de la instructora, el president "estuvo ausente en la gestación del envío de una alerta", es decir, de forma presencial en el Cecopi, pero cree también que intervino en aquel proceso a través de quien fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y de las instrucciones que éste trasladó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas (investigada en la causa).

Según detalla la jueza, publica EFE, "existen indicios" de la "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del mensaje masivo Es-Alert por varios motivos: "La condición de Cuenca de secretario autonómico, jefe de gabinete y persona de estrecha confianza convierte sus mensajes no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes".

Además, la expresión "de confinar nada, Salo" (en un WhatsApp de Cuenca a Pradas) posee en opinión de la instructora un "carácter claramente imperativo". "En definitiva, una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior", remarca.

También señala la instructora el aviso que Cuenca dio a Pradas respecto a la llegada inminente del president al Cecopi aquella tarde, que "es en definitiva una forma de decirle que se espere", y eso es algo que "solo puede producirse si había una comunicación constante entre Mazón y su jefe de gabinete".

Recuerda la jueza que "el confinamiento, pese a los mensajes del jefe de gabinete de Mazón, está previsto en el plan especial frente al riesgo de inundaciones" y reprocha a la exconsellera Pradas que "tenía en un principio importantes dudas sobre sus propias competencias, lo cual generó una parálisis en los momentos decisivos y sería decisiva en el resultado mortal en la gestión de la emergencia".

"La forma en que tuvieron lugar los fallecimientos, en los domicilios, garajes, en accidentes 'in itinere', así como en la vía pública. En todos ellos era factible lanzar un aviso a la población que alertara y evitara la producción del resultado", según el escrito.

Por ello, "la omisión equivalente al resultado, que se atribuiría al president de la Generalitat, se desprende del hecho de que en todos y cada uno de los casos referidos es relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo, desde un organismo el Cecopi, y desde una Conselleria a la cual podía el president, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda".

Por todo lo anterior, la "negligencia" en la que supuestamente incurrió Mazón es "grave" en opinión de la instructora, "por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba y el resto de circunstancias descritas en la presente exposición".

Y como tuvo un "resultado mortal y lesivo, su conducta podría ser incardinable en el artículo 142 bis del Código Penal", es decir, el que permite "elevar en uno o dos grados la pena por homicidio imprudente si el número de fallecidos fuere muy elevado".

La jueza cita con nombre y apellidos a todas las víctimas

La jueza de Catarroja dedica 60 de las 109 páginas de su exposición razonada contra el expresident Carlos Mazón a las 230 víctimas de las riadas, a quienes cita con nombre y apellidos, antes de detallar las circunstancias de su muerte. En el referido escrito, la instructora Nuria Ruiz Tobarra aclara que está en trámite de estudio otro fallecimiento, que podría elevar la cifra total de víctimas a 231.

Tras citar todos sus nombres y antes de explicar cómo se produjeron esos fallecimientos, la jueza reprocha las "informaciones falsas" relacionadas con este episodio que "sumaron fallecidos inexistentes", algo que considera "una falta de respeto a la memoria de las víctimas", "especialmente grave -remarca- cuando se expresa por parte de quienes son parte en este procedimiento".

Unos pocos casos carecen del relato del fallecimiento "porque no ha sido posible oír a sus familiares todavía, dado el volumen de la causa", explica la jueza.

El primero de la lista de fallecidos en la riada es un policía de Benetússer de 47 años que aquella tarde se encontraba en su casa con sus dos hijos. Bajó a la calle a las 19 horas para socorrer a varios conductores que quedaron atrapados en sus coches cuando una furgoneta movida por el agua le golpeó y le empujó dentro de un garaje, donde falleció.

Son relatos cortos, de apenas unas líneas que resumen las explicaciones que han dado familiares y conocidos de las víctimas sobre la última vez que les vieron o cómo les encontraron.

Recogen detalles también sobre la altura que alcanzó el agua y que anegó hasta el techo numerosos bajos donde residían personas mayores, de la distribución angosta de esas casas y de cómo los muebles o paredes resultaron trampas mortales.

Otro de los casos explica la angustiosa muerte de un hombre de 64 años en Massanassa, que quedó atrapado en el ascensor, relatada por su mujer, que le oyó pedir auxilio impotente desde el exterior.

Además de los fallecimientos se describen otros casos de lesiones graves que están pendientes de los informes médicos para determinar si se pueden considerar víctimas de aquella tragedia.

Es el caso de un hombre que acudió a casa de su tía en Benetússer y que, tras quedar atrapado en la riada y golpearse una pierna, logró refugiarse en el techo de una furgoneta, donde permaneció varias horas; al día siguiente fue andando hasta la pedanía valenciana de La Torre y posteriormente sufrió una sepsis y se le amputó la pierna, recoge EFE.