España ha comenzado 2026 con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados por tercer año consecutivo, una situación que entra en vigor desde este jueves tras el acuerdo adoptado en el último Consejo de Ministros del año pasado, celebrado el 23 de diciembre. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su objetivo sigue siendo presentar unas nuevas cuentas públicas para este ejercicio.

La prórroga afecta a los presupuestos de 2023, los últimos que lograron aprobarse en el Congreso y que ya estuvieron vigentes durante 2025. Según explicó el Ejecutivo, esta medida se ajusta plenamente al artículo 134 de la Constitución, que establece que, si no hay una nueva Ley de Presupuestos el 1 de enero, las cuentas del año anterior se prorrogan de forma automática.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido esta situación asegurando que no impide el buen funcionamiento de la economía. En una entrevista concedida a la Cadena SER, confirmó que el Gobierno mantiene su previsión de crecimiento del PIB en el 2,2 % para este año, incluso con los presupuestos prorrogados. "Aun con las cuentas de 2023, estamos siendo capaces de desarrollar nuestra agenda de inversiones y reformas", señaló el ministro, aunque recalcó que el Ejecutivo hará "todo el esfuerzo necesario" para sacar adelante unos nuevos presupuestos.

Cuerpo avanzó que el Gobierno ya ha iniciado el trabajo técnico y que el siguiente paso será presentar un borrador de los presupuestos de la Administración General del Estado, con la intención de negociar su aprobación en el Congreso en los próximos meses.

Mientras tanto, el acuerdo del Consejo de Ministros contempla medidas transitorias para garantizar la gestión económica. Entre ellas, se establece que los ministerios deberán ajustar los créditos prorrogados antes de iniciar nuevos gastos vinculados a los fondos europeos, con el fin de cumplir los objetivos del Plan de Recuperación durante 2026.

En definitiva, España afronta el inicio del año con unas cuentas heredadas, pero con la promesa del Gobierno de que esta situación no será permanente y de que, si la aritmética parlamentaria lo permite, habrá nuevos Presupuestos Generales del Estado que reflejen las prioridades económicas del Ejecutivo.