Silvia Clemente, presidenta del partido Nueve Castilla y León (Nueve CyL) y ex presidenta de las Cortes de Castilla y León, denunció este jueves, en declaraciones a TRIBUNA la "ilegalidad" de los presupuestos autonómicos para 2026 presentados por el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Clemente, cuyo partido acusa a la Junta de tramitar las cuentas sin cumplir los requisitos legales previos, aseguró que el proyecto de ley no es viable y calificó el procedimiento de "claramente irregular".

En su análisis, Clemente fue taxativa al afirmar que el presupuesto "nace muerto" debido a dos defectos graves de forma que contravienen la normativa vigente.

La ilegalidad del procedimiento

El principal defecto señalado por Nueve CyL es que las cuentas se han tramitado sin la aprobación previa del techo de gasto, un paso que es obligatorio. Este requisito está establecido tanto por la Ley 7/2012 de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León, como por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Clemente, quien también es técnica de la administración y conoce de primera mano la tramitación parlamentaria, subrayó que la ley es "clara" y que no se puede tramitar el proyecto de ley de presupuestos sin este paso.

"Es un presupuesto muerto", sentenció Clemente, explicando que cualquiera que interponga un simple recurso contencioso administrativo podría conseguir que se declare ilegal.

A este incumplimiento se suma un segundo defecto grave: la Junta se ha "saltado el trámite de aprobación por las Cortes de la sección 20", que corresponde a los presupuestos de las Cortes. Clemente enfatizó que la independencia del legislativo implica que, antes de que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley, las Cortes deben aprobar su propio apartado. Aunque se introdujo en el orden del día, las Cortes no aprobaron su presupuesto, y aun si lo hubieran hecho, ocurrió un día después del Consejo de Gobierno, lo que constituye "otra ilegalidad más".

"Propaganda para culpar a la oposición"

Clemente descartó que estos incumplimientos sean un descuido, asegurando que se trata de un acto "absolutamente" intencional. Nueve CyL sostiene que estos presupuestos son "un mero ejercicio de propaganda" y una "chapuza", llena de "promesas y grandes anuncios sin respaldo legal".

La motivación detrás de presentar cuentas que saben ilegales, según Clemente, es "una propaganda electoral pura y dura" con el objetivo claro de culpar a la oposición cuando inevitablemente no se aprueben.

"Ya han empezado esa campaña de ahora echarle la culpa a la oposición para quedar bien", afirmó la líder de Nueve CyL. Señaló que la Junta ya comenzó a lanzar la idea de que, si la oposición no aprueba los presupuestos, provincias como Ávila dejarán de recibir inversiones específicas, una táctica que espera se repita en otras provincias.

Clemente advirtió que las propuestas anunciadas, como el aumento presupuestario en Medio Ambiente, las ayudas para autónomos, el gasto sanitario, o los 2.839 millones para sostenibilidad demográfica, no serán viables. "Nada de lo que se plantea como desarrollo y futuro de la comunidad se va a llevar a cabo", implicando que la comunidad "va a seguir retrocediendo". Incluso las subvenciones para cambiar bañeras que se anuncian no se materializarán.

El informe jurídico solicitado por VOX: "Innecesario"

En cuanto a la reacción de VOX, partido que forma parte del gobierno de coalición, Clemente hizo hincapié en que este grupo ha solicitado un informe jurídico sobre la situación.

Silvia Clemente calificó esta petición como innecesaria: "No hace falta informe jurídico, tienes que saber leer solamente", ya que el artículo de la ley lo dice "clarísimamente". La presidenta de Nueve CyL sugirió que esta postura de solicitar un informe demuestra que VOX "no sabe tampoco".

Llamó la atención sobre el hecho de que VOX se abstuvo en la votación de la Sección 20 (presupuesto de las Cortes), un gesto que permitió que no se aprobara, siendo Ana Sánchez (PSOE) la única que votó en contra porque "sabe lo que se trae entre manos".

Clemente concluyó reclamando "seriedad, rigor y respeto a la ley" a la Junta, pues esta estrategia implica que la comunidad seguirá "estancada" y que los presupuestos no serán válidos. El límite para la aprobación de la ley es el 31 de diciembre, momento en el que se consumará la falta de ley de presupuestos para 2026.