En solo cuatro días, 4.200 menores de 15 años han solicitado ya la tarjeta BUSCyL, que permitirá viajar de forma gratuita e ilimitada en las 2.628 rutas interurbanas gestionadas por la Junta de Castilla y León. La medida, que entrará en vigor el 1 de julio, es el primer paso hacia la gratuidad total del transporte público autonómico, según anunció hoy el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en Valladolid.

Durante su intervención en la jornada 'Estrategias de ciber-resiliencia y seguridad del dato', organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Sanz Merino afirmó que estos primeros datos muestran que la iniciativa ha despertado un "cierto interés" entre las familias castellanas y leonesas. "Existe una concienciación sobre la importancia del transporte público, y eso es satisfactorio", señaló el consejero, quien también recordó que la población menor de 15 años no es mayoritaria en la Comunidad, aunque sí muy concreta y relevante.

La tarjeta BUSCyL para menores es personal y nominativa, válida hasta el 31 de diciembre de 2025, y contará con un código QR. Puede solicitarse a través de la web oficial www.buscyl.es, mediante atención telefónica en los números 012 y 887 88 15 69 (CeCoCyL), o de forma presencial en las oficinas de asistencia de la Administración autonómica. El trámite debe realizarlo el padre, madre o tutor del menor, presentando la documentación correspondiente, incluido el DNI o libro de familia en caso de que el menor no tenga identificación oficial.

La medida afecta a una población potencial de 296.626 menores empadronados en Castilla y León y forma parte de un plan más amplio que se extenderá progresivamente: a partir del 1 de septiembre en los servicios metropolitanos de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, y de forma escalonada en el resto de rutas interurbanas hasta octubre.

La Junta busca así potenciar el transporte público, facilitar la movilidad de la población en entornos rurales, y generar un ahorro económico directo a las familias, además de acercar a los ciudadanos a servicios esenciales como el empleo, la educación o el ocio. Una medida que también forma parte de la estrategia contra la despoblación que afecta a buena parte del territorio autonómico.