El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado un ambicioso paquete de medidas para erradicar las llamadas comerciales no deseadas. Las nuevas disposiciones se articulan a través de enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), y buscan acabar con una de las prácticas más denunciadas por los consumidores: el spam telefónico.
Uno de los cambios más relevantes es la obligatoriedad para las empresas de identificar sus llamadas comerciales mediante un código numérico específico. Las compañías telefónicas estarán obligadas a bloquear automáticamente aquellas llamadas que no utilicen dicho código. Además, se adaptará el Plan Nacional de Numeración para facilitar esta implementación técnica.
Pero la medida más contundente quizás sea la que declara nulos todos los contratos suscritos mediante llamadas no consentidas, lo que supone un golpe directo a las estrategias agresivas de venta telefónica. Según Bustinduy, esto busca "desincentivar de raíz" este tipo de prácticas al eliminar cualquier validez legal a los acuerdos cerrados bajo presión o sin consentimiento claro.
Otra novedad es la obligación de que las empresas renueven cada dos años el consentimiento del usuario para seguir realizando llamadas comerciales. Se acabaron, por tanto, las autorizaciones indefinidas o ambiguas que muchas veces sirven como excusa para contactar repetidamente a los consumidores.
OTRAS MEDIDAS
Estas enmiendas se suman a otras propuestas legislativas impulsadas recientemente, como la regulación de las renovaciones automáticas de suscripciones. Las empresas deberán avisar con 15 días de antelación antes de renovar un servicio contratado online y facilitar una baja clara y accesible para evitar cargos no deseados.
En paralelo, se ha propuesto una nueva regulación sobre reseñas online para combatir la compraventa de valoraciones falsas. Solo se permitirá publicar reseñas durante los 30 días posteriores a la compra de un producto o servicio, garantizando así que provienen de consumidores reales y recientes. Las empresas podrán solicitar la retirada de reseñas falsas si demuestran que el autor no ha consumido el bien o que el contenido es falso.
Consumo planta cara a las aerolíneas y los pisos turísticos ilegales
Bustinduy también se refirió a la multa de 179 millones de euros impuesta a aerolíneas de bajo coste por cobrar por equipaje de mano o por elegir asiento para viajar con menores o personas dependientes. Aunque las empresas han recurrido, el ministro destacó que más de veinte sentencias ya han dado la razón a los consumidores.
Finalmente, advirtió sobre el crecimiento de los pisos turísticos ilegales en España, señalando cifras alarmantes: más de 15.000 en Madrid, 9.000 en Galicia, 7.000 en Baleares y decenas de miles en Andalucía. Criticó duramente al Ayuntamiento de Madrid por su inacción ante este fenómeno.
Con estas iniciativas, el Ministerio de Consumo aspira a reforzar la protección del consumidor, garantizar transparencia y frenar abusos frecuentes en sectores clave. Según Bustinduy, las reformas podrían entrar en vigor antes del verano si obtienen respaldo parlamentario.
