Aún cuando exista una resolución judicial del extranjero, tal y como sucedió con los 154 niños nacidos por vientre de alquiler inscritos en el Registro Civil en 2024
Tumban el recurso del Ayuntamiento de Madrid y confirma la anulación de la ordenanza de terrazas
El tribunal considera que no hay interés casacional en el recurso de Almeida, que deberá asumir las costas tras una tramitación normativa plagada de irregularidades
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de la capital contra la sentencia que anuló su ordenanza de terrazas y quioscos de hostelería de 2022. Como consecuencia, el Consistorio deberá abonar 2.000 euros en concepto de costas procesales.
La polémica normativa fue impugnada por los concejales socialistas Mar Espinar y Álvaro Vidal, quienes denunciaron graves irregularidades en su tramitación.
Según el edil Antonio Giraldo, responsable de Urbanismo del grupo municipal socialista, el proceso estuvo plagado de "deficiencias imperdonables", entre ellas la falta de un informe de impacto presupuestario, la ausencia de evaluación ambiental y la omisión del trámite de audiencia a los afectados.
El TSJM dio la razón al PSOE en abril de 2024, anulando la ordenanza por esas carencias. A pesar de ello, el Gobierno municipal encabezado por José Luis Martínez-Almeida decidió recurrir al Supremo. Sin embargo, el alto tribunal ha rechazado el recurso al no apreciar "interés casacional objetivo", dado que las cuestiones planteadas "no trascienden del caso concreto".
El auto también señala que la ordenanza no tenía la relevancia necesaria para justificar un pronunciamiento del Supremo, y subraya que las irregularidades ya habían sido advertidas por informes internos del propio Ayuntamiento durante su aprobación.
Giraldo ha criticado duramente al equipo de Gobierno municipal, acusándolo de 'mala praxis' y de llevar a cabo una "chapuza" normativa que, afirma, terminará pagando "toda la ciudadanía madrileña". Asimismo, lamenta que se dilapide dinero público en recursos judiciales "destinados al fracaso".
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