El Gobierno andaluz ha asegurado que no pone "en entredicho" el papel del Tribunal Constitucional y no "prejuzga" su actuación sobre la sentencia de los ERE, pero sí ha defendido su "derecho a opinar", ya que "se robaron más de 700 millones de los parados andaluces" y la obligación de la Junta es "luchar por el último euro".

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha preguntado por qué está en duda ahora el delito de prevaricación si fue analizado antes por más de veinte jueces y por la Fiscalía, "y nunca estuvo en cuestión".

Sanz ha respondido así en rueda de prensa después de que el secretario general del PSOE-A y portavoz en el Senado, Juan Espadas, haya anunciado este martes la presentación de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los que considera "inaceptables" intentos del Gobierno de Juanma Moreno de "orientar" al Constitucional, recoge EFE.

"Nosotros no prejuzgamos, preguntamos", ha dicho Sanz, quien ha defendido el "derecho a opinar" del Ejecutivo andaluz porque tiene "la obligación de buscar el dinero de los andaluces". El consejero ha asegurado que les "preocupa profundamente" que el "robo" pueda quedar "impune".

Si el argumento es que el Parlamento andaluz validó los presupuestos, Sanz ha cuestionado qué ocurre con las modificaciones presupuestarias que ampliaron "el fondo de reptiles", que no pasan por la Cámara tras el acuerdo del Gobierno.

También ha preguntado si sería posible mantener la malversación sin prevaricación.

Ha insistido en que el asunto fue analizado por más de veinte jueces y por la Fiscalía, y nunca se había dudado de la prevaricación, algo que tampoco hicieron las dos magistradas que decidieron un voto particular en el Supremo cuando se ratificó la sentencia. "¿Ahora de pronto la Fiscalía cambia de opinión?", ha cuestionado también.

El papel de Magdalena Álvarez

Sanz ha recordado que todo esto ocurre después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "alabara" a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez en un mitin.

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "jamás ha puesto en entredicho el papel del Tribunal Constitucional", pero sí le ha "llamado la atención" que "todo esto" sucediera después de un "homenaje" a Álvarez.

"Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, el caso de los ERE es el caso de corrupción más grave que ha ocurrido en España", ha manifestado el portavoz, quien ha argumentado que se condenó a dos expresidentes, un exvicepresidente y cinco exconsejeros.

Ha insistido en que el TC "merece el máximo respeto", pero ve lógico que después del "homenaje" a Magdalena Álvarez, "por lo menos" se puedan hacer preguntas.

El pleno del Tribunal Constitucional retomará el miércoles el debate sobre el primer recurso de calado a la sentencia de los ERE de Andalucía, a partir de un borrador que plantea amparar a la exministra y exconsejera y anular su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación.