La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) reclama el consenso de la comunidad universitaria en la negociación del Estatuto del Becario, un documento que califican como necesario para dar garantías en las prácticas y acabar con el fraude.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, el Estatuto aborda "la definición de los límites de las prácticas, sin equívoco para evitar nichos de fraude laboral" y "limita de forma severa las prácticas extracurriculares y qué tipos de enseñanzas regladas podrán ofertar estas prácticas laborales".

En un comunicado, la CREUP denuncia que se haya excluido a los estudiantes de la negociación -que ultiman el Gobierno y los sindicatos, CCOO y UGT, tras descolgarse la CEOE- y rechazan la distinción entre prácticas curriculares y extracurriculares que contempla el texto, "apostando por que tengan la misma regulación".

Los representantes de los alumnos también se oponen a que haya límites en la cantidad de horas de prácticas extracurriculares, porque consideran que en muchas universidades existen titulaciones en las que no se da la opción de realizar las curriculares.

El Estatuto del Becario también ha recibido este fin de semana críticas desde la Conferencia de Rectores (CRUE), que rechaza que se establezca una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas y augura que este aspecto conllevará "la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas".

Una declaración que rechazan los estudiantes, que creen que es necesario que las prácticas cuenten con este mínimo, pues no es viable que le cuesten dinero a los alumnos, aunque matizan que "una compensación de gastos no es una remuneración".

Por otra parte, la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue) ha advertido de que más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) podrían quedarse sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios, si entrara en vigor el Estatuto del Becario.

La red, vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 43 Universidades españolas y más de 15.000 empresas, ha recordado que el 65 % de las prácticas afectadas por el Estatuto se realizan en las administraciones públicas y no en las empresas.

Por ello, consideran que es "una legislación inaplicable", como la referida a la cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto cómo las universidades, el Ministerio de Universidades y el de Educación piden una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha