El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este miércoles, a propuesta de las distintas consejerías, el nombramiento de los nuevos secretarios generales una vez completada la configuración del Ejecutivo autonómico tras su constitución.

Estos responsables desempeñan funciones de apoyo a la gestión, coordinación administrativa e impulso de la actividad de sus respectivas consejerías, además de garantizar su correcto funcionamiento interno.

Con estos nombramientos, se incorpora la nueva relación de secretarios generales de la Junta de Castilla y León, que queda configurada de la siguiente manera:

Consejería de la Presidencia: Santiago Fernández Martín

Consejería de Economía y Hacienda: José Ángel Amo Martín

Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio: Saturnina Moro Malmierca

Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Santiago Díez Martínez

Consejería de Medio Ambiente y Energía: Laura Durántez Palazuelos

Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: Natalia Flórez Loranca

Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: Mercedes Buendía Buendía

Consejería de Sanidad y Bienestar Social: Israel Diego Aragón

Consejería de Educación: María del Valle Ares González

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte: Marta Álvarez Palenzuela

Según ha informado la Junta, los secretarios generales formarán parte de la Comisión de Secretarios Generales, un órgano adscrito a la Consejería de la Presidencia y encargado de la preparación de los asuntos que se elevan al Consejo de Gobierno, así como de la coordinación entre consejerías y la emisión de informes y propuestas sobre los expedientes administrativos.

Asimismo, este órgano tiene como objetivo asegurar que las decisiones del Ejecutivo autonómico se tramiten con el adecuado nivel de coordinación técnica y administrativa, contribuyendo a la eficacia y coherencia de la acción pública.

La Junta ha recordado que también se mantiene la Comisión General de Coordinación Territorial, integrada por los delegados territoriales en las nueve provincias, encargada de coordinar la acción de la Administración autonómica en el territorio y de dar seguimiento a los asuntos de interés general en cada provincia.

Ambos órganos permanecen adscritos a la Consejería de la Presidencia, que actúa como eje de coordinación institucional y territorial del Gobierno autonómico.