La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido este viernes a las comunidades autónomas que aprovechen los mecanismos y fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para incorporar al mercado de alquiler asequible los 111.000 pisos turísticos ilegales detectados a través del Registro Único de arrendamientos de corta duración, cuya regulación fue anulada parcialmente este jueves por el Tribunal Supremo.

Tras reunirse con representantes de sindicatos y organizaciones sociales como UGT, CCOO, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Hogar Sí o Provivienda, la ministra lanzó un mensaje directo a las autonomías: "Hay 100.000 oportunidades de casas". Rodríguez defendió que los gobiernos regionales deben centrarse ahora en "cerrar esos pisos y sancionarlos" para posteriormente ponerlos a disposición de la ciudadanía mediante alquileres asequibles financiados con recursos públicos. "Espero que las comunidades autónomas no estén pensando en otra cosa", afirmó.

El conflicto surge después de que el Tribunal Supremo acordara la nulidad del procedimiento estatal del Registro Único de alquileres turísticos, al considerar que el Estado no tiene competencias para crear un sistema nacional que se superpone a los registros autonómicos ya existentes. La resolución responde a un recurso presentado por la Generalitat Valenciana, al que también se sumó Andalucía.

No obstante, la sentencia mantiene vigentes las disposiciones relativas a la Ventanilla Única Digital y a la obligación de las comunidades autónomas de compartir información con el Ministerio. La ministra aseguró que el Gobierno está "analizando" la resolución judicial, aunque insistió en que el fallo no puede servir de excusa para la inacción. "Espero que la excusa de la competencia no sea para tapar irregularidades o seguir abriendo las puertas a los fondos de inversión y al negocio de los pisos turísticos", señaló.

Rodríguez también defendió el alcance del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, firmado este jueves con todas las comunidades autónomas y dotado con 7.000 millones de euros, que permitirá a las administraciones adquirir o solicitar la cesión de viviendas privadas para destinarlas a alquiler asequible.

Durante el encuentro con entidades sociales, la ministra destacó además la importancia de implicar al tercer sector en la ejecución del plan. Como ejemplo, citó la colaboración con Hogar Sí para atender a las cerca de 40.000 personas sin hogar que existen actualmente en España, según los datos de la organización.