La criminalidad en internet ya no es una amenaza futura, sino una realidad cotidiana que crece a gran velocidad. Así lo advierte la Fiscalía, que reclama una actualización urgente del Código Penal para adaptarse a nuevas formas de delito digital que, en muchos casos, aún quedan fuera del castigo legal.

Según datos recientes, los procedimientos judiciales relacionados con delitos informáticos han aumentado un 43 % entre 2021 y 2025, una cifra que se eleva hasta el 60 % en el ámbito policial. En este contexto, la fiscal coordinadora de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, insiste en la necesidad de actuar: "Hay que articular tipos penales que nos permitan encajar estas nuevas conductas y poder combatirlas eficazmente".

Uno de los principales problemas detectados es la falta de tipificación específica de la suplantación de identidad en internet. Actualmente, esta conducta solo es delito si va acompañada de una estafa u otro acto ilícito. Sin embargo, si alguien se hace pasar por otra persona sin cometer un delito adicional, queda impune.

Este vacío legal preocupa especialmente en casos de acoso digital o manipulación de la reputación, donde las consecuencias para la víctima pueden ser graves pese a no existir, de momento, una respuesta penal clara.

Otro fenómeno en auge es la vigilancia tecnológica. La Fiscalía pone el foco en prácticas como la colocación de dispositivos o aplicaciones para rastrear la ubicación de una persona a través de su teléfono móvil. Aunque se trata de una clara intromisión en la intimidad, perseguirlo penalmente resulta complicado con la legislación actual. Este tipo de conductas tiene especial incidencia en casos de violencia machista, donde el control digital se ha convertido en una herramienta más de dominación. La Fiscalía advierte de que una parte significativa de esta violencia ya se produce en el entorno online.

El informe también alerta sobre el crecimiento del llamado 'crime as a service', un modelo en el que organizaciones criminales ofrecen en la internet profunda herramientas listas para delinquir: programas para hackear, robar datos o lanzar ataques informáticos. El problema es que estas actividades suelen considerarse preparatorias y no delictivas en sí mismas, lo que limita la capacidad de actuación judicial. Por ello, la Fiscalía propone ampliar los tipos penales para incluir estas conductas y endurecer las penas.

Las estafas digitales siguen siendo el ciberdelito más frecuente, pero también uno de los más difíciles de perseguir. En muchos casos, el autor es desconocido y la cantidad sustraída es reducida, lo que provoca el archivo de numerosas denuncias. Para evitarlo, la Fiscalía apuesta por coordinar múltiples casos pequeños y tratarlos de forma conjunta, con el objetivo de lograr una respuesta más efectiva frente a redes organizadas.

El mensaje de fondo es claro: la tecnología avanza más rápido que las leyes. Mientras nuevas formas de delinquir surgen en el entorno digital, el marco jurídico sigue anclado en realidades anteriores.