La Comunidad de Madrid dará un nuevo paso en su política contra la ocupación ilegal. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que las personas condenadas por delitos de ocupación no podrán acceder a una vivienda protegida durante un periodo de cinco años desde la sentencia firme.

La medida se incorporará al nuevo Reglamento de Vivienda, actualmente en fase de tramitación y que se someterá a un proceso de audiencia e información pública. Según ha avanzado la presidenta en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el texto definitivo está previsto que sea aprobado en el mes de julio.

El futuro reglamento establecerá que cualquier persona condenada por allanamiento de morada o usurpación de vivienda quedará automáticamente excluida de los programas de vivienda protegida si la infracción se ha producido en los cinco años anteriores a la solicitud.

Desde el Ejecutivo autonómico explican que esta decisión busca reforzar la defensa de la legalidad y evitar que los recursos públicos en materia de vivienda beneficien a quienes han vulnerado el derecho a la propiedad.

Otra de las novedades relevantes del reglamento será la exigencia de un mínimo de 10 años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid para poder optar a una vivienda protegida. Con este criterio, el Gobierno regional pretende priorizar a las personas con una vinculación estable con la región y garantizar que las ayudas públicas se dirijan a quienes contribuyen de forma continuada a su desarrollo económico y social.

Díaz Ayuso ha defendido que, pese a contar con competencias limitadas, la Comunidad seguirá impulsando medidas para combatir la ocupación y mejorar la eficacia de las políticas de vivienda.

Madrid, líder en vivienda protegida

El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia de impulso a la vivienda asequible. La Comunidad de Madrid se mantiene como la región líder en España en construcción de vivienda protegida, en gran parte gracias al desarrollo del Plan VIVE de alquiler a precios accesibles.

Actualmente, el plan suma más de 14.000 viviendas en distintas fases de desarrollo:

• 5.175 ya entregadas
• 3.200 en fase final de construcción, con entrega prevista en los próximos meses
• 3.400 viviendas del programa Solución Joven, actualmente en proceso de licitación

Con este nuevo reglamento, el Gobierno madrileño busca compatibilizar el acceso a la vivienda protegida con criterios de legalidad, arraigo y responsabilidad, reforzando al mismo tiempo su apuesta por ampliar la oferta de vivienda asequible en la región