Las plataformas en defensa de las universidades públicas madrileñas -Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá- preparan una huelga de "al menos dos días" al final de noviembre o inicio de diciembre contra la "asfixia" de la futura ley de Universidades del Gobierno de Díaz Ayuso. Así lo ha acordado la Coordinadora Interuniversitaria, formada por los colectivos de docentes e investigadores (PDI), el personal técnico, de administración y servicios (PTGAS) y el estudiantado de las seis universidades.

El objetivo es lograr "una financiación digna", mantener la autonomía universitaria y proteger las universidades contra "posibles censuras o represión" de las libertades fundamentales de expresión, cátedra, reunión y manifestación, a través de las sanciones "desproporcionadas" contempladas en la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc).

Su último borrador mantiene un tope del 70% a la financiación por la Comunidad de Madrid, obligando a obtener el 30% restante desde fuentes externas, además de recortar la autonomía dando mayor peso a los Consejos Sociales y creando Oficinas de Control Económico y Presupuestario Interno.

El próximo 30 de octubre, una asamblea general fijará la fecha definitiva de la huelga, según la Coordinadora que ha consensuado una hoja de ruta en su "camino hacia la huelga", que podría ser de "varios días e incluso indefinida". Se prevén acciones de "baja, media y alta intensidad" empezando por asambleas en cada facultad y coordinación con los decanatos, acciones visibles como pancartas y pasacampus, que irán escalando con concentraciones y encierros. Los sindicatos CCOO, UGT y CGT apoyan la huelga y piden "unidad de acción sin protagonismos individuales" contra esa ley elaborada "a espaldas de la comunidad universitaria".

Tras conocerse que se ha concedido un préstamo de 34 millones del Gobierno regional a la Complutense y que la Rey Juan Carlos está en déficit, la catedrática Eva Aladro, de la red UCM por la Pública, es categórica: "Nos rescatan de la propia carencia creada por la Comunidad de Madrid", que aumentó un 5% la financiación universitaria en quince años, frente a una inflación de un 34%.

Según CCOO, la próxima semana se conocerá el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad y "mucho nos tememos que los presupuestos universitarios estarán muy lejos del 1% del PIB que marca la LOSU", señala su responsable de Universidades, Jesús Escribano.

Algunas universidades son "incapaces de abordar las nóminas de sus plantillas o contratar al personal necesario para abordar este curso 2025-2026", tras su "agotamiento paulatino y programado" por el Gobierno regional, afirma el secretario de UGT, Javier Becerra. Desde la CGT explican que irán "subiendo la presión y la movilización", máxime tras anunciar el consejero de Educación, Emilio Viciana, que "no va a cumplir con el 1% en financiación", según su portavoz Álvaro Briales.

Diez datos "demoledores"

Madrid es la región que más estudiantes trasvasa a las universidades privadas y la que paga los salarios más bajos al PDI laboral respecto al coste de vida, según el informe '10 Datos demoledores sobre la privatización de la educación y la asfixia de la Universidad pública'.

También es la que más ha disminuido la oferta de plazas presenciales y la única que aporta a las públicas menos financiación que antes de la crisis de 2008, encabezando además "el menor esfuerzo público autonómico" en financiación en treinta años. Además, es la región que "menos invierte por estudiante" y la que más ha aumentado los precios de las matrículas, los "más caros" de España.

La ley equipara el peso de la universidad privada al de la pública, en línea con la expansión de la privada en Madrid. Mientras el 18% del estudiantado español está matriculado en la privada, en Madrid es un 38%. Cualquier modelo de financiación "debe cubrir el 100% de los gastos corrientes de las universidades públicas", reclaman las plataformas.