Cerca de 7.900 familias se acogieron en 2023 a las medidas de alivio hipotecario promovidas por el Gobierno, que permitían alargar el plazo para hacer frente al préstamo o pedir una moratoria de hasta dos años, para suavizar el impacto de la subida del euríbor.

Según ha detallado el Banco de España, y publica EFE, las operaciones aceptadas en 2023 fueron exactamente 7.919, lo que supone el 12,89% de las solicitudes recibidas en el año, que ascendieron a 61.428, de las que un 42,02%, esto es 25.818, fueron rechazadas, en la mayoría de los casos por no cumplir con las condiciones, y el 45,07% restante, o lo que es lo mismo 27.691, estarían aún pendientes de estudio.

Un año antes, en 2022, el número de familias que se habían acogido a las medidas de alivio antiguas fue de 1.352, con lo que en el acumulado de los dos años la cifra de beneficiarios es de 9.271, muy lejos del objetivo del millón de familias que se fijó el Ejecutivo en noviembre de 2022.

El propio Banco de España, que desvela estos datos en su Informe de Estabilidad Financiera publicado este lunes, explica que el volumen de operaciones sigue siendo contenido -a pesar del aumento "considerable" de 2022- gracias a que la situación económica y del empleo ha ido mejor de lo esperado.

De hecho, eso, unido a una mejora de las rentas, explicaría que el porcentaje de familias altamente endeudadas, aquellas que destinan más del 40% de su renta al pago de deudas, esté en el 11,2% en 2023, "únicamente" un aumento de 0,7 puntos porcentuales desde 2020.

Volviendo a las medidas de alivio hipotecario, las cerca de 7.900 operaciones concedidas en 2023 equivalían a un volumen de deuda pendiente de 907 millones de euros, el 0,2% del saldo vivo del crédito a hogares, mientras que las 1.350 aprobaciones de un año antes se limitaba a 135 millones, prosigue EFE. 

En cuanto a la calidad crediticia de las operaciones acogidas a Códigos de Buenas Prácticas, empeoró y un 46,9% correspondía a operaciones reestructuradas morosas, un 2,7% directamente a morosas y un 26,3% en vigilancia especial por el riesgo de entrar en impago.