La Policía Municipal de Madrid ha abierto 802 expedientes contra grafiteros en los últimos tres años a través de la Sección de Protección del Patrimonio Urbano (SEPROPUR), una unidad creada para investigar las pintadas ilegales y proteger los edificios y espacios públicos de la ciudad.

Desde su puesta en marcha, los agentes han presentado 875 denuncias, investigado a 63 personas e identificado a otras 1.466. Además, han remitido 190 atestados a los juzgados de instrucción y 17 a la Fiscalía de Medio Ambiente por daños en edificios protegidos o de interés cultural.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este miércoles las instalaciones de la unidad, acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y la concejala de Arganzuela, Lola Navarro.

SEPROPUR cuenta con una treintena de agentes que trabajan las 24 horas del día durante todo el año. Su labor incluye localizar pintadas, analizar imágenes, investigar la posible autoría y coordinarse con las comisarías de distrito y los servicios municipales de limpieza para reparar los daños.

Multas de hasta 3.000 euros y trabajos comunitarios

Las sanciones por realizar pintadas ilegales oscilan entre los 600 y los 3.000 euros, dependiendo de la superficie afectada. En los casos de reincidencia, las multas pueden acumularse y alcanzar cantidades superiores.

Entre las actuaciones de la unidad figuran investigaciones por pintadas en la plaza de la Villa, el monumento a las víctimas de Mauthausen y el Museo de América, declarado Bien de Interés Cultural. En este último caso, diez personas fueron investigadas por daños contra el patrimonio histórico. 

El Ayuntamiento también permite sustituir algunas sanciones por trabajos en beneficio de la comunidad, como la eliminación de pintadas en espacios públicos.

Además, los daños realizados sobre edificios protegidos, monumentos o elementos de especial valor histórico pueden derivar en procedimientos penales y penas de hasta cuatro años de prisión, según la gravedad de los hechos.